Las medidas dispuestas por el gobierno post-devaluación de mediados de agosto, en el frágil contexto de la economía argentina, llevan, al menos, a consolidar por un tiempo tasas de inflación en el entorno del 10% mensual.
Luego de que la devaluación sin plan de mediados de agosto se trasladara rápidamente a los precios, el gobierno dispuso una serie de medidas que aumentaron los egresos y redujeron los ingresos. Como consecuencia, es probable que el déficit primario del año termine más cerca de 3% del PIB que del 1.9% comprometido con el FMI.
El contexto en el cual se adoptaron estas medidas es de una enorme fragilidad. Por un lado, el BCRA ha emitido a lo largo del año más pesos para monetizar deuda doméstica que para asistir directamente al Tesoro. Ambas cifras sumadas, valorizadas a pesos constantes de hoy, acumulan 4.8 trillones de pesos, más que todo lo emitido por ambos conceptos durante 2022.
Por otro lado, las reservas netas del BCRA son negativas en alrededor de US$ 5.000 millones. A pesar de que pudo comprar divisas en el marco del Plan Soja 4, la autoridad monetaria prácticamente no pudo acumular reservas, ya que gran parte de lo adquirido se utilizó para controlar la brecha cambiaria mediante la venta de dólares instrumentada vía operaciones con bonos. De hecho, la brecha ha estado “contenida” porque los exportadores fueron autorizados a vender un 25% en el mercado “Contado con Liquidación”. Pero ese programa expiró a fines de septiembre. Sin una de las fuentes que contuvieron la brecha y con la otra limitada porque ahora el BCRA pasaría a tener ventas netas, es posible que la diferencia entre los dólares alternativos y el oficial aumente.
Mayor emisión, brecha alta, restricciones a insumos y bienes importados e impulso al consumo en una economía que navega a inflaciones altísimas llevan, al menos, a consolidar tasas de inflación en el entorno del 10% mensual por varios meses.
La reforma de ganancias
El proyecto de Ley aprobado por la Cámara de Diputados aumenta el mínimo no imponible a los trabajadores en relación de dependencia, lo que llevaría a que sólo el 1% de éstos sea alcanzado por el impuesto. La propuesta es populista y adolece de varios problemas.
Reducir impuestos sin una correspondiente rebaja de gastos sólo generará mayor impuesto inflacionario en una economía en la cual el sector público no tiene prácticamente acceso al financiamiento. El argumento que menores ingresos disciplinarán el gasto tiene varios problemas: no ha ocurrido hasta ahora y, aún en el caso en que se tratara de limitar la emisión monetaria, no es claro que eso pueda sostenerse sin que antes se aprueben reformas que reduzcan los egresos en forma permanente. Tarde o temprano el desenlace es una suba de impuestos, o el quiebre del compromiso de no emitir, o un default en la deuda pública como ilustra el caso de Ecuador post dolarización.
Si hubiese recursos para reducir impuestos, lo lógico habría sido empezar por los peores. El problema es que muchos de esos tributos son poco visibles (por ejemplo, ingresos brutos, tasas de seguridad e higiene, impuesto al cheque). Se prefirió votar reducir un impuesto menos malo pero visible que otros muy malos pero invisibles a los ojos del votante. Otra muestra más de populismo.
Tampoco el proyecto resuelve el tratamiento desigual que sufren los autónomos, aún cuando se avance en concretar algunos paliativos anunciados por el gobierno. De hecho, aumenta esa discriminación.
En resumen, el impuesto a las ganancias tenía problemas como consecuencia de una respuesta inadecuada ante la inflación. Las personas que saltaban el umbral para empezar a tributar lo hacían a tasas medias elevadas. Eso podía corregirse sin destruir el impuesto como ha planteado el gobierno y votado una mayoría de la Cámara Baja.
Daniel Artana