Esta nota se centra en el análisis de las fuentes del financiamiento de cada jurisdicción a su sistema educativo, categorizadas según sean: propias (incluyendo coparticipación de impuestos), específicas, vía la ley financiamiento educativo (LFiE), o no automáticas, vía Ministerio de Educación. A nivel de gasto provincial agregado, desde el máximo observado en 2015, se evidencia una caída general del gasto en términos reales, destacándose especialmente la reducción en la asignación de recursos provenientes de fuentes propias.
Siguiendo con la temática del financiamiento educativo del número pasado de Indicadores, y con la intención de complementar las miradas anteriores, esta nota se centrará en el nivel subnacional de gobierno, que tiene a su cargo la gestión, administración y financiamiento de la educación obligatoria, con la idea de investigar cuáles son las fuentes de dicho financiamiento.
Para la mayoría de las provincias, la principal fuente es la que les llega vía transferencias del gobierno central, ya sean las automáticas, a través de la coparticipación federal y/o las no automáticas. Son muy pocas las que generan ingresos propios por fuera de éstos; si se tomara el promedio de los últimos cinco años, sólo CABA (73%), Buenos Aires (44%), Córdoba (32%), Santa Fe (31%) y Mendoza (30%) tienen más del 30% de sus ingresos corrientes provenientes de fuentes propias. Sin entrar en las virtudes y defectos del sistema de coparticipación de impuestos, lo cierto es que al mirar el gasto educativo[1], las fuentes de financiamiento para este análisis las voy a clasificar en: propias (incluyendo coparticipación de impuestos), específicas, vía la ley financiamiento educativo (LFiE), y no automáticas, vía Ministerio de Educación.
El Gráfico 1 muestra la evolución de la composición de estas tres fuentes desde 2006 – cuando se hace efectiva la LFiE y la LEN – hasta 2021 –último dato disponible de gasto educativo -. El primer punto a tener en cuenta es que la participación del gobierno central, ya sea vía transferencias específicas automáticas (LFiE) o no automáticas (Ministerio de Educación), pasó del 14% al 35% en el período bajo análisis[2]. De manera esperable, en respuesta a la ley en vigencia, de los dos componentes, son las transferencias automáticas vía LFiE las que presentan el mayor crecimiento, estabilizándose a partir del año 2015 en valores que rondan el 23%-24% del gasto consolidado provincial. El resto de las transferencias han variado en el tiempo, aunque sin un patrón tan específico, ubicándose entre el 6% y el 12%.
Gráfico 1: Composición del gasto en educación obligatoria de las provincias según fuente de financiamiento.
(Porcentaje sobre total del gasto educativo jurisdiccional agregado)

Ahora, ¿cuánto se relaciona esto con el gasto total educativo jurisdiccional como porcentaje del PBI? Recordemos que, si bien la LEN/2006 establece un gasto consolidado nación y provincias del 6% del PBI, no queda claro cuánto le corresponde a cada nivel de gobierno. Con la perspectiva de estos 15 años (ver Gráfico 2), lo que se observa es que durante el primer período, hasta 2014, el mayor aporte desde el gobierno central tiene su correlato con el mayor gasto agregado como porcentaje del PBI, lo que, teniendo en cuenta la fase expansiva del ciclo es un dato importante, porque implicó una mayor asignación en educación sobre una base mayor, contrario a lo que sucedió en 2009, cuando el salto del gasto coincide con un año recesivo, es decir, una baja en el denominador. Entre 2010 y 2014, las transferencias se estabilizan alrededor del 22%-23% y el gasto provincial crece hasta promediar el 4.1%.
Sin embargo, en 2015 hay un punto de inflexión: por un lado, se llega al máximo gasto agregado provincial como porcentaje del PBI (4.5%), llegar al máximo significa que a partir de ahí se comienza a desandar el camino de crecimiento de la inversión educativa, hasta llegar al 3.6% de 2021; y por el otro, las transferencias desde nación se ubican en un nuevo escalón, las automáticas vía LFiE rondan los 23/24 puntos porcentuales desde entonces, mientras que las erogaciones adicionales del Ministerio de Educación hacen promediar el total en los alrededores de 30%. A su vez, el Gráfico 2 también expone que, a pesar de que la participación del Estado Nacional se ubica en el máximo de los últimos años, el gasto total provincial (como porcentaje del PBI), que financia la educación obligatoria, decreció. Con el agravante de que esta baja de la inversión educativa se verifica en una fase de estancamiento y caída de la economía, es decir es menos sobre menos (una porción menor de un todo más chico).
Gráfico 2: Evolución de la composición de las transferencias automáticas específicas y no automáticas (% sobre total del gasto educativo jurisdiccional agregado) y del gasto provincial (% del PBI)

La otra lectura de los datos dice que, si la participación de Nación se mantuvo pero cayó el gasto agregado – ya sea como porcentaje del PBI o nominalmente (ver Gráfico 3) – lo que se redujo fue sobre todo, el aporte con recursos propios de las provincias. El Gráfico 3 muestra, en pesos constantes de 2021 (usando deflactor del PBI), la participación de cada una de las tres fuentes de financiamiento ya citadas. Allí se evidencia una caída general del gasto agregado en términos reales, pero más marcada en la asignación de los recursos propios. Existe, además, mucha heterogeneidad entre las jurisdicciones sobre las distribuciones de los recursos, pero dicho análisis quedará para una próxima nota (hay un trabajo previo y muy exhaustivo de Claus y Bucciarelli (2020) [3] que ahonda en esta temática).
Gráfico 3: Gasto educativo según fuente de financiamiento
En millones de pesos constantes de 2021 (Deflactor del PBI)

Actualmente, en plena campaña electoral, mucha de la discusión de los referentes educativos de los distintos espacios políticos se relaciona al tema del financiamiento, al cumplimiento o no del 6% del PBI, sobre todo en lo relacionado al gasto de Nación, enredando en la contienda el destino del gasto de cada nivel de gobierno, esto es: educación obligatoria y formación docente las provincias y educación superior, la Nación. Las últimas evaluaciones del sistema, que indican que sólo 13 de cada 100 estudiantes concluyen sus trayectorias educativas en tiempo y con los saberes esperados (Arg.x.Educ, 2023), aluden a la escolaridad obligatoria y por lo tanto obligan a poner el foco en el nivel de gobierno a quien más atañe dicha responsabilidad. Eso no implica que el gobierno central se desentienda, hay responsabilidades concurrentes.
Justamente por eso, siguiendo con las conclusiones de la nota anterior[4], es tan importante el trabajo conjunto entre Nación y provincias para que puedan explorar, consensuar, precisar claramente los objetivos donde dirigir los esfuerzos, sistematizar resultados y luego evaluar. El Estado Nacional es el que debería diseñar adecuadamente los incentivos con el fin de evitar que el financiamiento educativo se convierta en un juego de suma cero, donde las provincias restan esfuerzos si el gobierno central suma, porque ya sabemos que los que verdaderamente pierden en ese juego son los estudiantes.
Ivana Templado
Cuadro 1
La metodología por el que se puede hacer el seguimiento del gasto en educación (clasificado por objeto del gasto), que tiene como último dato publicado el de 2021 explicita:
- Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, incluso las transferencias directas a escuelas y a personas (becas).
- Las Transferencias No Monetarias efectuadas en el marco del Programa Conectar Igualdad.
- Los gastos en infraestructura financiados con el Fondo Federal Solidario durante su período de vigencia
- A partir del año 2005 los montos transferidos en concepto de infraestructura en el marco del Ex ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ y Ex «Más Escuelas» a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio del Interior. En el caso de las provincias que lo informan, el gasto en infraestructura escolar de otros organismos.
- A partir de 2019 incluye las becas PROGRESAR (para años anteriores, a la fecha no se dispone de la distribución por jurisdicción).
- Las compras centralizadas realizadas por el Gobierno Nacional
- No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.
- No incluye el gasto ejecutado por las jurisdicciones en concepto de servicio alimentario.
Fuente: CGECSE/SEIE/Ministerio de Educación de la Nación.
[1] Ver Cuadro 1 para la metodología de la CGECSE/SEIE/Ministerio de Educación de la Nación.
[2] La ausencia de la erogación específica para la educación se debe a la falta de sanción parlamentaria de la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Nacional para el ejercicio 2011.
[3] Agustin Claus y Maria Eugenia Bucciarelli (2020). El financiamiento educativo en Argentina. El desafío de la equidad bajo un esquema federal. Documento de Trabajo, CIPPEC. https://www.aacademica.org/agustin.claus/17.pdf
[4] Gasto del gobierno central en educación: limitaciones y posibilidades. Indicadores de Coyuntura N°656. Septiembre 2023. https://bit.ly/3rg1aOz
Argentinos por la Educación (2023) https://argentinosporlaeducacion.org/informe/indice-de-resultados-escolares-cuantos-estudiantes-llegan-al-final-de-la-secundaria-en-tiempo-y-forma/
