De acá a las elecciones de octubre, la economía se moverá con inflación de dos dígitos mensuales, una recesión más acentuada y más incertidumbre. A medida que nos acerquemos al 10 de diciembre, empezará a tener cada vez más peso lo que se espere que haga la futura administración.
El gobierno adoptó una serie de medidas cambiarias antes y después de las PASO. Durante unos días, se aceleró el ritmo de depreciación diaria del peso; luego se dispuso una devaluación fiscal diferente para exportaciones e importaciones de bienes y servicios que, en el promedio ponderado, era del orden del 7% y, finalmente, luego de las elecciones primarias, se devaluó el peso en algo más del 20%. Esta última medida fue anunciada como un nuevo nivel del tipo de cambio mayorista de 350 pesos por dólar hasta noviembre, por lo que podría interpretarse como un adelanto de la depreciación que habría ocurrido desde mediados de agosto hasta noviembre.
Además, se aumentó la tasa de interés y se adoptaron medidas fiscales contractivas primero (por el impacto de la devaluación fiscal), y expansivas después, por los aumentos de jubilaciones y salarios post PASO.
Luego de lo ocurrido con la devaluación de finales de 2013, el gobierno debería ser consciente de que un salto cambiario sin medidas fiscales contractivas que lo acompañen sólo resulta en un traslado pleno de la devaluación a los precios. En aquel momento, ello ocurrió en aproximadamente seis meses. En este caso, parecería que será mucho más rápido. La estimación de precios que hace FIEL para la Ciudad de Buenos Aires sugiere que la inflación del mes de agosto será entre 12% y 13%, y como el IPC se mide para el promedio del mes, es probable que en septiembre se repita un guarismo similar por el efecto arrastre de la segunda quincena de un mes sobre el promedio del mes siguiente.
En el frente fiscal, el efecto neto de las medidas pre y post Paso no auguran una mejora en el balance primario. En verdad, es muy difícil que se cumpla la meta acordada con el FMI de un déficit de 1.9% del PIB para este año. El acumulado de los primeros siete meses fue similar al observado en años anteriores, en los cuales el desequilibrio terminó entre 3.5% y 4% del PIB. El reporte técnico del FMI destaca que, para alcanzar la meta anual, el gasto debe caer 11% en términos reales en lo que resta del año; las medidas del gobierno apuntan en sentido contrario.
El mayor déficit fiscal pondrá más presión a la emisión del BCRA para asistir al Tesoro. Como se ha achicado el margen neto entre colocación de Leliqs y Pases e intereses pagados por el stock previo de esos pasivos, lo más probable es que haya más liquidez presionando sobre la brecha cambiaria. De hecho, en los días posteriores a la devaluación, la brecha no se redujo.
Finalmente, el desembolso del FMI por US$ 7500 millones tuvo un efecto positivo sobre las reservas, pero de menor magnitud, ya que una parte se utilizó para devolver los adelantos realizados por los gobiernos de China y Qatar y por la CAF. Además, casi todo el remanente deberá utilizarse para hacer frente a los desembolsos netos previstos con el FMI de acá a noviembre.
El BCRA pudo comprar reservas en los primeros días post devaluación, pero la alta tasa de interés y la proyección de un tipo de cambio fijo alientan a que se adelanten ventas de dólares oficiales. También hay restricciones para demorar todavía más los pagos de importaciones al exterior porque un corte abrupto llevaría a un receso más marcado. No parece que exista alguna posibilidad de cumplir con la meta de reservas netas pautada para fin de año, de alrededor de US$ 3500 millones.
En resumen, de acá a las elecciones de octubre, la economía se moverá con inflación de dos dígitos mensuales, una recesión más acentuada y más incertidumbre.
A medida que nos acerquemos al 10 de diciembre, empezará a tener cada vez más peso lo que se espere que haga el gobierno que asuma ese día. Parece poco probable que los agentes económicos crean que se puede sostener el tipo de cambio oficial a fuerza de más restricciones y controles. Además, la mejora prevista en las exportaciones dará un alivio en el frente externo, pero ello no resuelve la necesidad de contar con pesos genuinos para que el BCRA o el Tesoro compren dólares sin presionar sobre la tasa de inflación, ni el hecho de que parte de esas divisas deberán usarse para cancelar las deudas que asumió la gestión actual. Esperemos que el fracaso de la política económica del gobierno actual sea la base para que la dirigencia política comprenda la importancia de contar en el futuro con una gestión profesional.
Daniel Artana