La brecha cercana al 100% que se instaló en el mercado de cambios desde hace ya muchos meses es la evidencia más clara de la existencia de una discontinuidad en las cercanías. A falta de reservas para utilizar en un “colchón de intervención” que permita abatir la brecha a niveles no disruptivos, el Banco Central solo dispone de instrumentos que pierden potencia cuando se utilizan en forma tardía y/o aislada. Es así que, a pesar de haber elevado la tasa de política monetaria desde 38% en enero (45% tasa efectiva) a 69.5% en agosto (96% efectiva), la brecha no cedió. Cuando todos esperan el desenlace en forma inminente y el Banco Central se quedó sin munición, nadie vende.
Enfrentado al hecho inevitable de que estamos ante un fenomenal exceso de demanda de dólares al precio oficial, carecemos de reservas netas para intervenir y nadie está dispuesto a ofrecernos crédito, el Ministerio de Economia –y con ello la coalición de gobierno, se asume- llegó a la conclusión de que algo hay que hacer para desactivar la bomba de expectativas. Por un lado tenemos a nuestro “favor” en el frente fiscal una tasa de inflación excepcionalmente elevada y creciente que deprime el gasto público en términos reales gracias a los rezagos. Ese es el primer y principal instrumento de la gestión para tratar de acercarse a las metas comprometidas con el FMI y mantener vigente el programa.
Por otro lado, se actuó en el frente cambiario para incrementar en el muy corto plazo el stock de reservas: se estableció una devaluación diferencial y acotada en el tiempo con el fin de obtener la liquidación rápida de un stock de mercadería (porotos de soja) que permita generar un importante superávit comercial durante el resto del mes de septiembre. Se trata de una medida por 25 días, que se anticipa será revertida el día 1 de octubre.
No hay muchos antecedentes rescatables de una medida reversible como la anunciada, a menos que no se revierta. En efecto, frente a la alternativa de no reversión surge la cuestión que una caída del precio a partir de octubre gatillaría una “espera” de parte de productores y exportadores a que se restablezca un precio más alto en el futuro. Ello a su vez llevaría rápidamente a una caída de las reservas del Banco Central (a menos que se reprimieran ferozmente las importaciones), obligando a establecer una nueva ventana con un dólar más alto para convencer al productor. A una tasa mensual del 5.7% de devaluación del oficial, ello implicaría que para abril de 2023 (7 meses) el tipo de cambio sojero debería superar los 290 pesos por dólar para mantener su valor “en términos dollar-linked”. Otra alternativa es la prórroga del mecanismo sine-die con actualización más débil, pero ello llevaría a frenar las liquidaciones para la próxima cosecha, volviendo al punto de partida.
Hay muchas otras dimensiones de la decisión adoptada que generan más incertidumbre que certezas, empezando por el carácter selectivo de la medida que excluye a otros sectores, no solo del agro sino de la produccion en general. El resto del arco exportador ya comienza a hacer cuentas y, cuanto más pesa un sector, mayor su poder de negociación para obtener un dólar “diferente”. Otra cuestión no menor es la necesidad que enfrentará el Banco Central de ajustar tasas de interés para esterilizar la mayor emisión, y mantener un ritmo de crecimiento “soportable” de la inflación.
Todo esto define un escenario de alta incertidumbre, que está lejos de ser despejada a partir de esta política de parches, que aumenta la necesidad de productores, comercializadores y agentes económicos en general de arbitrar decisiones –especular, en la versión oficial- para no perder frente a un contexto que se vislumbra como de muy alta inflación para el año 2023.
Juan Luis Bour