“Creo que el mejor programa social es un empleo”, dijo Ronald Reagan, allá por la década del 80. La Argentina tomó la frase al pie de la letra y empezó a crear empleos públicos.
La problemática del tamaño del empleo público en la Argentina viene de décadas atrás. El empleo público agregado en los 2000, tras una importante reducción en los ´90, comenzó a crecer nuevamente.
Entre los años 2003 y 2015, el empleo público total aumentó un 64%, lo que significó un promedio de 4.3% anual. Durante 2016 y 2019, el crecimiento bajó al 1,4% promedio por año, incremento que se mantuvo en los tres años siguientes. De este modo, el empleo en el sector público ha crecido más de un 80% en los últimos 20 años.
Gráfico 1
No es de esperar que a lo largo del tiempo el empleo público permanezca constante; hay factores que ameritan que crezca. En la medida que la población aumenta y/o la economía revela mayor nivel de actividad habría mayor demanda por servicios públicos y por lo tanto mayor empleo. Sin embargo, los números del empleo público no condicen con el aumento de la población, que creció según datos censales un 26% entre 2021 y 2001. Mucho menos el crecimiento económico de los últimos 20 años justificaría semejante expansión en la ocupación del sector público.
Es un clásico que, en épocas de ajuste, una de las medidas sea el congelamiento de vacantes en la Administración Pública. Sin embargo, si bien el anuncio del Gobierno Nacional en ese sentido trasmite la idea de control del gasto, esta política aporta poco al control del empleo público, dado que la ocupación a nivel nacional sólo representa menos del 10% del empleo público total.
La fuerte reducción de empleo en los 90 -caída del 11% en la década- pudo ser posible por la política de privatización de empresas. Mientras tanto, la Nación y las Provincias continuaron incorporando personal.
La mayor parte del empleo público se encuentra en las provincias y en los municipios, que concentran cerca del 80% del total y alrededor del 83% si se excluyen a las empresas públicas. Pero, además, el empleo en provincias y municipios ha crecido significativamente más que el empleo dependiente del sector público nacional, ya que en la década del 90 ese último porcentaje fue en promedio del 75% y era aún menor décadas atrás.
La mayor parte del empleo público se encuentra en las provincias y en los municipios, que concentran cerca del 80% del total y alrededor del 83% si se excluyen a las empresas públicas. Pero, además, el empleo en provincias y municipios ha crecido significativamente más que el empleo dependiente del sector público nacional, ya que en la década del 90 ese último porcentaje fue en promedio del 75% y era aún menor décadas atrás.
En muchas provincias, la relación entre la planta en el sector público y el empleo total y/o entre el empleo público y la población exceden por mucho al de las que registran las menores ratios, que corresponde a las provincias más desarrolladas.
En promedio, el empleo público en provincias representa el 12% del empleo total de acuerdo con la última apertura disponible (2017). Sin embargo, existe una gran dispersión: en Tierra del Fuego, el 30.7%, y en Santa Cruz, el 29,6% de los ocupados lo hace en el sector público, mientras que el promedio para Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires se ubica en 9.2%.
Usando esa ratio como nivel óptimo, se estima que el exceso de ocupación en el sector público en las provincias alcanzaría al 25%, lo que representa una sobreocupación de 800 mil cargos.
El empleo público en la Nación ha crecido por debajo del de las Provincias, en especial porque durante el período 2016-2019 se redujo 2.3%, poco menos de 15 mil puestos. De todos modos, las relaciones empleo público/población y empleo público / empleo privado se encuentran hoy por encima de la primera década del siglo, lo que indicaría algún nivel de exceso también a este nivel de gobierno.
Reducir el empleo público en las provincias difícilmente pueda surgir de una política centralizada, ya que los gobiernos provinciales son autónomos. Esto no significa que no se puedan generar mecanismos que incentiven a un ajuste de los planteles públicos en las provincias.
Nuria Susmel