Esta nota examina brevemente la campaña de miedo llevada a cabo por el oficialismo durante la primera vuelta de las elecciones generales del 22 de octubre, informando a pasajeros del transporte público en el AMBA cuál sería el precio del boleto (de colectivo y de tren) bajo cada gestión alternativa a partir de diciembre 2023. Dicha campaña fue un éxito para sus ejecutores (logró su propósito de transmitir temor por la modificación del statu-quo), pero representa un enorme retroceso para la sociedad en su conjunto: se manipularon canales de comunicación oficial para un uso partidario, presentando cifras parciales y sesgadas, que esconden los verdaderos costos de la política regulatoria actual, varias veces mayores al pago directo de un boleto, consistentes en el pago de sobre-costos cuantiosos que dan lugar a mayores impuestos (incluido el inflacionario) que recaen sobre usuarios y no usuarios del servicio.
Introducción
Luego de la primera vuelta de la elección general del 22 de octubre, Sergio Massa de Unión por la Patria (UP) y Javier Milei de La Libertad Avanza (LLA), cuyas candidaturas obtuvieron 36,7% y 30% del total de votos emitidos respectivamente, y superaron a Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio (JxC) con 23,8% del total de votos, disputarán la presidencia en el balotaje del día 19 de noviembre. A la luz de los resultados alcanzados en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del mes de agosto, con un virtual triple empate considerando los distintos votos obtenidos por cada espacio (sólo 2,5 puntos de diferencia entre la cantidad de votos obtenidos por el primero –LLA– y el tercero –UP–), este resultado sacudió a la opinión pública y a los analistas políticos.
Los motivos del desempeño sorprendente de UP seguramente hayan sido múltiples, pero los análisis políticos típicamente señalan –además de la plena movilización del aparato electoral del oficialismo– que el “voto bronca” verificado en las PASO se transformó en el “voto miedo” (a la “pérdida de derechos” y al “salto al vacío”) en las elecciones del 22 de octubre.
En esta nota, me concentraré en analizar brevemente uno de los argumentos de campaña utilizados por el oficialismo para reemplazar la bronca por el miedo en el ánimo de sus potenciales votantes: la propaganda oficialista desplegada en los cinco días previos a las elecciones, utilizando los canales de comunicación oficiales en distintos espacios públicos (en particular, en las pantallas de los monitores de las estaciones de trenes en el AMBA), donde se “informaba” a los pasajeros los precios del transporte que regirían en cada gobierno alternativo según fuera el resultado de las elecciones: el precio de un pasaje en tren, por ejemplo, sería de $ 56 bajo la eventual gestión de UP pero de $ 1.100 en caso de que los ganadores fueran LLA o JxC. El incremento en el precio del transporte resultaría, en este relato, debido a la aplicación de una política de eliminación de subsidios atribuida a las propuestas de los opositores, una “quita de derechos”.[1]
Mucho se ha criticado, a mi juicio con razón, sobre la inaceptable utilización de los canales de información pública para hacer una campaña política partidaria. Sin embargo, aunque los candidatos de la oposición no dudaron en calificar esta acción como “campaña sucia”, no ha habido mayor crítica sobre la veracidad de los $ 1.100 como valor hipotético del precio ni de su comparación lisa y llana con los $ 56 bajo el gobierno de UP.
Veamos algunos puntos importantes:
- ¿Qué representan los $ 56 y $ 1.100 respectivamente?
Presumiblemente, $ 56 sintetiza el precio promedio (ponderado por ventas) de los distintos pasajes en todo el sistema ferroviario de pasajeros en el AMBA que regiría hoy bajo un gobierno de Unión por la Patria (pero liderado por Sergio Massa como presidente), un valor levemente superior al precio promedio ponderado actual de dichos pasajes, mientras que $ 1.100 es el costo medio del servicio por cada pasajero pago transportado calculado por el Ministerio de Transporte, de modo tal que si todos los pasajeros pagaran un precio igual a dicho costo medio, ello permitiría eliminar el déficit y el subsidio fiscal incurridos. Si bien se ha señalado que el precio con “tarifa plena”, sin subsidio, está exagerado (y que con la información hasta agosto, el costo medio podría rondar $ 750 en vez de $ 1.100 –ver por ejemplo https://www.letrap.com.ar/economia/colectivos-trenes-y-chicanas-cual-es-el-precio-real-los-boletos-subsidios-n5403895), este valor bien podría ser correcto a partir de diciembre 2023 (luego de una inflación y aumento de costos acumulados en torno al 50% desde agosto). No está claro si los $ 56 que regirían bajo la gestión de UP deben corregirse o no por la inflación de los próximos meses, pero en todo caso sí es cierto que la eliminación de subsidios requiere, con los costos actuales, un aumento tarifario fenomenal.
- ¿Cuál es el costo adicional a los $ 56 actuales que los usuarios y no usuarios del servicio están pagando hoy?
El precio del boleto de tren refleja sólo una porción mínima del costo medio del servicio. Ese costo pleno no cubierto por las tarifas debe ser pagado por alguien, y ese alguien es el Estado Nacional, quien asigna recursos fiscales para financiar el déficit de operación e inversiones del sistema de transporte ferroviario compuesto por distintos operadores –públicos y privados. A su vez, ese financiamiento del Estado es pagado por los contribuyentes impositivos a través de diversos impuestos legislados (IVA, ganancias, bienes personales, al cheque, etc.) y no legislados (el impuesto inflacionario, producto de la emisión de dinero no demandado para pagar gastos públicos que no pueden ser financiados con impuestos ni endeudamiento del Estado). Finalmente, los $ 56 bajo la futura gestión de UP, que representa la continuidad de la política regulatoria actual, son parte inescindible de una política regulatoria carente de criterios de eficiencia en la gestión del servicio.
En efecto, al financiar un altísimo porcentaje del costo del servicio por vía de un subsidio fiscal, no hay usuarios ni votantes organizados a nivel nacional para oponerse de forma efectiva a la imposición de empleo y salarios de los gremios, sobreprecios en las contrataciones con proveedores de bienes y servicios, etc., al tiempo que el Estado concedente (y/o el regulador sectorial) tiene mayor libertad para convalidar el pago de tales sumas de dinero a las empresas operadoras, ya sea a cambio de una “contraprestación dineraria o política” (una forma de la denominada “captura regulatoria” descripta en la literatura). Con estos ingredientes, los costos operativos y de inversión son magnificados, y ello se convalida con mayores subsidios fiscales, provocando un claro perjuicio a los usuarios y contribuyentes impositivos que deben pagar ineficiencia y/o corrupción. Vale decir, las reglas tarifarias y regulatorias actuales –vigentes desde 2002/2003 en términos generales–, que incluyen una tarificación irresponsable de sólo $ 56 para el precio promedio de un pasaje de tren en el AMBA, son las que también conducen a un costo del servicio excesivo, que es pagado por usuarios y votantes en conjunto y que por ende termina representando un precio total sustancialmente mayor a los $ 56 que supuestamente se pagarían de forma directa al usar el servicio si se mantuvieran tales reglas bajo una nueva gestión de UP.
- ¿La propuesta de la oposición fue la eliminación de subsidios al transporte?
No, tal tipo de propuesta nunca fue realizada. En términos generales, la propuesta regulatoria conceptual de JxC –para el conjunto de los servicios públicos de infraestructura– incluiría la eliminación de subsidios fiscales y económicos indiscriminados, pero incorporando una tarifa social bien focalizada, al tiempo que en el transporte público de pasajeros presumiblemente se aplicaría el mismo principio, pero reconociendo la existencia de fuertes externalidades ambientales que favorecen la promoción del transporte público de pasajeros por sobre el transporte privado que provoca mayor contaminación ambiental y demanda de infraestructura vial. La aplicación inmediata o gradual de esas reformas tampoco fue explicitada. En el caso de LLA, la propuesta general o conceptual de eliminar subsidios no fue ni siquiera planteada, y aunque sí puede inferirse de distintas ideas y razonamientos teóricos planteados por su líder el rechazo a todo tipo de subsidios fiscales, nada indica que ello fuera aplicable al caso del transporte de pasajeros en el AMBA. Vale decir, las propuestas de la oposición que informó el gobierno nacional en los últimos días de campaña previos a las elecciones primarias fueron sólo una interpretación propia, sesgada, de ideas o posiciones más generales y/o difusas, interpretadas maliciosamente.
- ¿El precio libre de subsidios en el transporte (eventualmente) debe ser igual al costo unitario actual del servicio ($ 1.100)?
En función de los comentarios previos, la respuesta a esta pregunta es un claro “no”, ya que el costo del servicio actual incluye una ineficiencia extrema. Tal ineficiencia queda verificada en el exorbitante aumento de dicho costo medio en términos reales a lo largo de los últimos 25 años.
Para desarrollar este punto a continuación examino la evolución de los precios y costos del servicio ferroviario de pasajeros en el AMBA entre 2001 y 2022. El Gráfico 1 permite ver que, expresado en pesos constantes (deflactando por inflación minorista emergente del IPC BCRA)[2], entre 2001 y 2022 el valor promedio del boleto ferroviario en el AMBA disminuyó aproximadamente un 90%, al mismo tiempo que el costo medio (esto es, el costo total dividido por la cantidad de pasajeros pagos transportados) aumentó 150%, de modo tal que en 2022 el 97% del costo total del servicio era financiado por un subsidio fiscal y no de forma directa por medio de los boletos pagados por los usuarios.[3] Así, dado que los usuarios pagos son sólo una fracción del total de usuarios (muchos de los cuales “saltan molinetes” y evaden el pago, aunque no hay mediciones recientes de cuántos son), es perfectamente posible que la tarifa unitaria de quienes sí pagan el tren represente el 5% del costo medio total del servicio que ellos reciben (y no sólo el 3% del costo total incurrido para servir a pasajeros pagos y evasores), por lo cual el pago del costo pleno del servicio requeriría multiplicar las tarifas por 20, pasando así de cubrir el 5% a 100% del “precio libre de subsidio”.
Gráfico 1

Nótese que esta multiplicación por 20 de la tarifa es básicamente lo que el gobierno “informó” en su propaganda política que harían los partidos de la oposición: pasar de $ 56 a $ 1.100 al eliminarse el subsidio es, ni más ni menos, equivalente a multiplicar por (aproximadamente) 20 el valor actual.
Ahora bien, la propaganda oficial naturalmente omitió comparar precios subsidiados y sin subsidio con los respectivos valores del pasado; con su omisión pretendió esconder (y lo logró) que el costo del servicio aumentó sustancialmente producto de la política regulatoria aplicada por los gobiernos de su mismo partido político desde 2002 en adelante. En efecto, cabe recordar que, en 2001, el precio promedio de un pasaje en tren en AMBA era $ 0,68, en ese entonces equivalente a 68 centavos de dólar estadounidense, y que al tipo de cambio oficial vigente ahora (365 $/USD), los $ 56 y $ 1.100 que aparecen en la propaganda oficialista equivalen respectivamente a USD 0,15 y USD 3. Así, al igual que se observó en el Gráfico 1, multiplicando por 20 el precio actual se alcanza un precio igual al costo medio actual y se elimina el subsidio fiscal, y también se observa que el costo medio actual es 3,75 veces el que se infiere que caracterizaba al año 2001, tomando en cuenta los USD 0,68 pagados entonces (que permitían cubrir en torno al 85% del costo medio del servicio).
Vale decir, aunque pueden existir diferencias menores en las cifras estimadas según sea la forma en que se realicen las comparaciones históricas, la propaganda oficial sólo “informa” sobre el aumento sideral del precio del boleto de tren necesario para eliminar el subsidio fiscal, aceptando como si fuera un dato (omitido en el relato) que el costo del servicio es y debe seguir siendo entre 2,5 y 3,5 veces el del año 2001. Este mayor costo medio del servicio en 2022 (y naturalmente en 2023), sin embargo, es resultado de una pésima política regulatoria que conduce a una administración del servicio capturada por los sindicatos y proveedores para contratar más empleados, con mayores salarios y mayores costos de distintos abastecimientos, por encima de los valores razonables y alcanzables con una administración eficiente, sin que ello sea percibido por los usuarios y contribuyentes al pagar precios mínimos por el servicio utilizado, lo cual habilita al poder concedente y al regulador sectorial a convalidar esta ineficiencia para transferir recursos excesivos que contienen rentas –para los accionistas, empleados y/o proveedores– convalidadas por desidia o a cambio de una devolución parcial en dinero o apoyo político ilícito.
Este efecto del cambio en la política regulatoria hacia los ferrocarriles de pasajeros desde el año 2002 en adelante ya fue analizado en distintas notas previas, la primera de ellas en el año 2011.[4] En dichas notas he señalado que el reemplazo de un sistema regulatorio donde los precios regulados son (relativamente) exógenos a las decisiones y costos de los operadores (como el vigente hasta 2001, asociado con la regla denominada “price cap” o “precio tope” en la literatura regulatoria), por un sistema donde los recursos requeridos para cubrir los costos son los que determinan la combinación de tarifas y (fundamentalmente) de subsidios para cubrir dichos costos (una regla de tipo “costo-plus”), tiene como efecto natural dañar los incentivos a una operación eficiente que minimice los costos de los servicios provistos, dando lugar a servicios más costosos en general, con un efecto agravado cuando los subsidios fiscales no son objeto de examen por parte de los votantes y contribuyentes impositivos que (frente a una situación fiscal holgada y/o con un fuerte crecimiento del gasto público) no están motivados para coordinar sus esfuerzos de escrutinio vía sus representantes políticos o asociaciones colectivas y tampoco les prestan mayor atención.
Dado que actualmente no hay información oficial disponible (en las páginas web de CNRT o de la Secretaría de Transporte) que permita examinar la evolución de los distintos costos de las empresas transportistas a lo largo del tiempo, y que tal falta de información ha sido una constante también en años pasados, en esa nota del año 2011 ilustré el problema con datos de una de las operadoras, Trenes de Buenos Aires (TBA), cuya concesión fue cancelada ese mismo año luego de la tragedia de Once en la Línea Belgrano, a través del siguiente párrafo: “(TBA) informa sobre la importancia que representan los subsidios que recibe del Estado y sobre el aumento de distintos costos de explotación. Señala que el costo de un viaje de 20 kilómetros por pasajero pasó de $ 0,78 a $ 4,20 entre 2001 y 2010 (+440%), producto de fuertes aumentos en sus costos de personal (+800%), materiales, mecánica, vía y otros (+420%), energía (+290%) y seguros (+330%)”.
Así, el Cuadro 1, mostrando la evolución real de tarifas y costos entre 2001 y 2010 en TBA, es suficientemente ilustrativo del efecto descripto, es decir, de la ineficiencia provocada por la política regulatoria instaurada a partir de 2002/2003, que –de forma inadvertida o adrede– desprotege plenamente a los usuarios del servicio y a los contribuyentes impositivos en su conjunto: en términos reales (deflactando por la inflación minorista o bien directamente por la variación del tipo de cambio entre 2001 y 2010), mientras las tarifas cayeron en torno al 60% esa década, el costo de cada viaje (y por ende, la suma de ingresos tarifarios y por subsidios fiscales) aumentó casi 50%, producto de fuertes incrementos en los costos de distintos insumos, particularmente del personal (casi 150%) y de materiales, mecánica y otros insumos específicos a la actividad ferroviaria (más del 40%) que son provistos por terceros de acuerdo con la calidad del proceso de contratación que realice la empresa. En tal sentido, aunque el aumento real del costo del servicio en este ejemplo es inferior al verificado en el Gráfico 1 para el mismo período (indicando que los aumentos de costos y niveles de ineficiencia pudieron haber sido dispares en distintas líneas), el patrón cualitativo es suficientemente elocuente.

Por lo tanto, la eliminación del subsidio fiscal al servicio de transporte público de pasajeros y, en particular, al servicio de trenes en el AMBA que esté acompañada por una administración más eficiente de los recursos económicos –esto es, que se incluya en una reforma regulatoria integral donde se corrijan los incentivos para lograr una operación eficiente que minimice los costos de un servicio con calidad igual o superior a la actual– no requeriría multiplicar por 20 el precio promedio actual del boleto. Además, tampoco es razonable ni ha sido propuesto por ningún espacio político llevar a cero el subsidio al transporte público de pasajeros en el AMBA. Por ende, la propaganda política del oficialismo de cara a la primera vuelta de la elección general del 22 de octubre no sólo ha representado una manipulación de un canal de comunicación oficial de asuntos referidos a la operación del servicio sino que, además, ha contenido una falsedad manifiesta en el contenido de lo informado, reconociendo cifras que, en realidad –bien examinadas–, dejan a las claras lo oneroso que ha resultado la aplicación de una política regulatoria de cuasi-congelamiento de precios sin mayor control de los costos operativos.[5]
Conclusión
La propuesta implícita en la propaganda oficial de UP, de mantener el precio del transporte sin cambios (en términos reales) sin procurar reducir el costo exorbitante del servicio producto de la ineficiente organización a la que conduce, es sin dudas la peor posible: será la más cara para los usuarios y no usuarios del servicio en su conjunto.
Sin embargo, tal como señalan los expertos en marketing político, a un pasajero (votante) que se enfrenta con dicha propaganda le resulta mucho más fácil comprender que el precio del boleto subiría 20 veces pasando de $ 56 a $ 1.100, temiendo inmediatamente por el mayor gasto que ello le implicaría, que examinar la veracidad de esta afirmación y llegar a notar que, además de exageraciones en las cifras que se le presentan existen cuantiosos costos ocultos adicionales a los $ 56 que ya está pagando (impuestos, menor eficiencia en la operación del servicio y por ende mayores costos y tarifas libres de subsidio). Los no usuarios del servicio, en particular quienes no habitan en el AMBA, deberían haberse espantado si hubieran comprendido las implicancias de tal propuesta.
Posiblemente no exista una propaganda política simple y correcta que pueda ser captada fácilmente por un votante desprevenido, y en cambio se requiera una explicación extendida y poco atractiva, que muy pocos leerán y comprenderán. Para que no sea así se requiere una población con una capacidad de reflexión que en esta convulsionada instancia histórica del país no está garantizada. Sin ello, es difícil que las propuestas realistas encuentren eco positivo en los votantes, y es fácil introducir el miedo a las soluciones posibles en vez del terror al statu-quo. Las opciones de políticas públicas que quedan abiertas en tal caso son muy preocupantes.
Santiago Urbiztondo
[1] La campaña del oficialismo incluyó información similar respecto del precio del boleto de colectivo en el AMBA (el fuerte salto del precio actual al que regiría si LLA o JxC ganaran la elección, pasando de $ 53 a $ 700 el precio del boleto mínimo), y fue precedida por la Resolución N° 566/23 del Ministerio de Transporte del 16-10-23 que dispone la apertura de un registro para la renuncia voluntaria al subsidio en el transporte en el AMBA, pretendiendo señalar (“chicanear”) la supuesta inconsistencia de los votantes de la oposición entre promover una solución colectiva (eventualmente, votar por la reducción de subsidios para evitar otros problemas derivados) y no llevar adelante una acción individual en igual sentido, aunque ésta no resuelve el problema colectivo.
[2] El IPC-BCRA en realidad no es un índice publicado por el Banco Central de la República Argentina, sino que fue computado por el BCRA para calcular la evolución del tipo de cambio real (que quedaría distorsionada en caso de utilizar el IPC-INDEC en el período 2007-2015), tal como se describe en la nota metodológica disponible en http://www.bcra.gob.ar/Pdfs/PublicacionesEstadisticas/TCRMMetodologia.pdf. Así, el IPC-BCRA es el resultante de utilizar el IPC-INDEC hasta dic-06, reemplazado por el IPC de la provincia de San Luis –IPC-SL– entre ene-07 y jul-12, luego por un promedio simple del IPC-SL y el IPC de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires –IPC-CABA– entre ago-12 y abr-16, y finalmente por el IPC-GBA del INDEC desde entonces.
[3] Estos cómputos deben considerarse aproximados, por distintas limitaciones de la información disponible. Los ingresos tarifarios son calculados multiplicando el valor promedio del boleto de tren por la cantidad de pasajeros pagos transportados, aunque la cifra resultante es mayor al ingreso por venta de boletos que registra la CNRT en sus estadísticas operativas desde 2005. El costo total se computa como la suma entre los ingresos tarifarios y el subsidio fiscal reportado por ASAP desde 2004, pero éste no identifica plenamente los fondos asignados al transporte ferroviario de pasajeros en el AMBA. En el Cuadro 1, el subsidio estimado suma transferencias a concesionarios de trenes, ADIF/SOFSE y 10% del FFSIT (que representa el % correspondiente al SIFER en 2019). Además, como en 2012 y 2013 la ASAP no informa subsidios a concesionarios y a ADIF/SOFSE, que parecen trasladarse a “Otros” (no clasificados), desde 2013 se suma el 10% de “Otros”, como si un porcentaje constante de esas transferencias no identificadas fuera destinado al transporte ferroviario de pasajeros. En 2022 se supone que el costo total se mantiene constante en términos reales respecto de 2021, de forma tal que el costo por pasajero transportado cae sustancialmente al normalizarse el uso del transporte post-Pandemia. Cabe notar también que dentro del costo total se incluyen costos por inversiones realizadas por estas empresas, mientras que las inversiones de infraestructura realizadas por el Estado no están incluidas.
[4] Urbiztondo, S.: “El servicio de transporte ferroviario de pasajeros: su evolución desde el año 1993 y conclusiones emergentes”, Indicadores de Coyuntura # 522, FIEL, Julio 2011.
[5] En el caso del transporte automotor colectivo de pasajeros es más fácil descubrir el engaño en la campaña política del oficialismo: fuera del AMBA, en las ciudades de Córdoba, Rosario y Santa Fe el precio de un viaje local es de $ 185 –ver https://cordoba.gob.ar/transporte-urbano-desde-manana-la-tarifa-pasa-a-185-pesos-y-el-boleto-combinado-entre-empresas-sera-gratuito/#:~:text=Desde%20ma%C3%B1ana%20la%20ciudad%20de,Rosario%20el%20denominado%20Boleto%20Federal– y aunque allí se duplicaran para hacerlas comparables con el recorrido mínimo en el AMBA igualmente no podrían costar más de $ 400, por lo cual los $ 700 atribuibles a las gestiones de LLA o JxC también son reflejo de la ineficiencia propia de un sistema fuertemente subsidiado que debe ser corregido.
