Dos meses atrás nos preguntábamos en este editorial, tras la primera ronda de elecciones generales, hacia dónde iría la Argentina (Quo Vadis Argentina?). Las alternativas no eran buenas, pues se trataba de seguir por el mismo rumbo y naufragar, o de emprender algún sendero desconocido, plagado de riesgos, al mando de un equipo en formación y quizás inexperto, pero con perspectivas de llegar a mejores playas. Hoy sabemos que estamos embarcando una nave que elige transitar un rumbo que no aparece marcado en nuestras cartas náuticas y que, por lo tanto, no está exento de eventos inesperados y tormentosos, no siempre fáciles de prevenir. El capitán del barco nos advierte que nuestro rumbo será cualquier cosa menos suave, con perspectivas de fuertes tormentas y casi siempre lleno de baches.
La característica de este viaje de reformas emprendido por la Administracion de Javier Milei es que no podemos bajarnos a mitad de camino de un trayecto que sabemos será agitado y tortuoso, por lo menos durante la primera parte del camino. Bajarse puede llevarnos –como en los juegos de mesa- a la posición inicial del juego, es decir al punto de partida, o a una situación peor. Bajarse puede interpretarse de más de una forma: hay algunas reformas que son de “primera generación” y otras que son de segunda, tercera o cuarta generación. No es fácil elegir, pues muchas reformas están conectadas y reformas incompletas pueden tener escaso impacto real. La habilidad del Ejecutivo está en la estrategia que siga para maximizar el impacto de las reformas que se aprueben. Por el momento, no resulta claro si la mejor estrategia es el cambio global o una aproximación menos centralizada. Lo que debería resultar claro, sin embargo, es que una cuestión es la aproximación al proceso de reformas, y otro el contenido de las reformas mismas: reemplazar las propuestas actuales por propuestas más “lavadas” es una forma de gatopardismo que, curiosamente, coincide con la pretensión de hacer cambios tan radicales que finalmente provocan que todo permanezca como hoy está, sin cambios.
Con el correr de los días aparecen los baches del camino y los responsables de los mismos. La primera oposición exitosa en su primer intento al proceso de reformas estuvo a cargo –no podía ser menos- de la central sindical general que logró una medida cautelar en Cámara que bloquea las reformas laborales impulsadas a través de un DNU. La oposición a las reformas laborales para establecer mecanismos más democráticos de decisiones en el ambiente del trabajo atraviesa a todos los gobiernos constitucionales desde 1983 a la fecha. Fue, de hecho, la primera derrota importante del Presidente Alfonsín, y cosechó fracasos con los presidentes Menem, De La Rúa y Macri. A la resistencia laboral le seguirán trincheras levantadas por distintos sectores empresarios, gremiales y corporativos, que procurarán mantener restricciones a la competencia como fuente de ganancias extraordinarias. Será el turno legislativo, en primer lugar, y de la justicia en lo inmediato, de determinar cuál es el régimen que prevalecerá de aquí en más.
Es casi inútil señalar que oponerse al bloqueo a una planta productiva hasta el punto de obligar al cierre de la misma tiene poco que ver con el funcionamiento de un sistema democrático y de economía de mercado. No se trata de aplicar los métodos “socialistas” para evitar bloqueos, sino de limitar tales actos y sancionarlos para encauzar los conflictos por mecanismos civilizados, evitando la barbarie. Dar la posibilidad de elegir obra social o prepaga, elegir la libertad de pagar o no una cuota sindical, o elegir el mecanismo de compensación para despidos para el futuro no son pérdidas de derecho para los trabajadores, sino un beneficio contante y sonante.
No se trata de discutir –en la mayoría de los casos planteados por DNU o proyectos de ley- el fondo de la cuestión, excepto para los grupos corporativos perjudicados. Se trata, sin embargo, de las formas por las que se puede pasar de una economía cerrada y con beneficios asignados a determinados grupos, a una economía más abierta, transparente y competitiva. Las formas son relevantes, en particular en la Argentina, teniendo en cuenta la cantidad de veces que una reforma fue derogada en una noche de furia de contrarreformas por el propio Congreso o por vía de algún DNU. De hecho, la Argentina tiene en su cuerpo legal multitud de Decretos-Ley que vienen de tiempos en los cuales lo “normal” era la coexistencia de regímenes militares sucedidos por cortos periodos democráticos. La cuestión es no solo el objetivo a lograr, sino que cobra importancia el rumbo para evitar tempranas contrarreformas y bloqueos, y encontrar el mecanismo para dar estabilidad al nuevo sistema de normas.
¿Habrá finalmente cambios relevantes o el miedo al cambio y los bloqueos de los grupos de interés prevalecerán? Si estuviera en Rusia diría que su historia es consistente con un manejo oligárquico que prevalece, ya sea de un grupo o de otro, pero siempre es autocrático. En la Argentina, podemos tener la esperanza de movimientos democráticos que sean la base de un cambio que descalifique y desplace a nuestro eterno recurso al populismo mágico del Cono Sur.
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Juan Luis Bour