El desempeño del fisco es determinante de la macroeconomía de un país, en particular si los desequilibrios son la norma, como es propio de la Argentina. Además, decisiones de política fiscal (de gasto, de tributación y, consecuentemente, de endeudamiento) inciden en cuestiones microeconómicas a través de los incentivos que generan sobre las decisiones de empresas y consumidores y la conformación y comportamiento de los mercados. Los resultados de las elecciones presidenciales generales, ya camino a una segunda vuelta, permiten asignar probabilidades a las dos opciones posibles y en esa asignación, la continuidad del gobierno llevaría la delantera. Bajo ese supuesto, cabe preguntarse qué podemos esperar en materia de política fiscal para el inicio del próximo gobierno. Veamos.
Presente y pasado muy reciente como indicio del futuro
Al mes de septiembre, el Sector Público Nacional No Financiero (SPNF) acumulaba un déficit primario (resultado previo al pago de intereses) equivalente al 1.8% del PIB del período. A primera vista, no llama la atención si uno compara con similares resultados de comienzos de la década (pandemia mediante). Sin embargo, implica multiplicar por 1.5 lo ocurrido en los primeros nueve meses de 2022, el período más reciente y ya insostenible.
Por el lado de los ingresos –compensaciones menores mediante-, la diferencia se explica casi en su totalidad por la pérdida de recursos vía derechos de exportación. Esta pérdida no alcanza a ser compensada por la reducción de subsidios económicos –única caída significativa del gasto- que, a su vez, se ve limitada por aumentos vía salarios y gasto de capital.
Hasta aquí una somera descripción de lo ya ocurrido y reflejado en la información oficial. Pero aún no conocemos lo sucedido en octubre ni, obviamente, lo que sucederá en los últimos dos meses del año. Con las actuales tasas de inflación, y en un período al que se le agrega la incertidumbre electoral –octubre completo más 2/3 de noviembre-, es difícil hacer una estimación confiable para el año. Aun así, conocemos algunas decisiones y su incidencia –segura en signo- sobre los resultados.
Las medidas del lado de los ingresos incluyen, entre las principales:
- La exclusión del impuesto a las ganancias a toda persona cuyo salario bruto mensual sea inferior a 15 salarios mínimos (de octubre de 2023), esto es, el equivalente a $ 1.98 millones/mes. En la práctica, serán algunos pocos los trabajadores en relación de dependencia que paguen impuesto a la renta por sus ingresos laborales. La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó el costo anual de esta medida cercano al 1% del PIB.
- El reintegro del IVA por las compras con tarjeta de débito para aquellos trabajadores en relación de dependencia o monotributistas –excepto quienes estén obligados a tributar el impuesto a las Ganancias o Bienes Personales- con ingresos por hasta seis salarios mínimos (al salario mínimo actual se trata de ingresos por hasta $ 792 mil mensuales). El monto máximo reintegrable es de $ 18.8 mil mensuales. El costo de esta medida rondaría el 0.6% del PIB equivalente del último trimestre del año. El proyecto para que este beneficio sea permanente fue tratado y aprobado en la Cámara de Diputados de la Nación y su costo recaería sólo sobre la Nación, ya que los reintegros provendrían de partidas presupuestarias y no se netearían de la recaudación del impuesto.
- La prórroga del pago por seis meses del componente impositivo del monotributo para quienes aportan en las categorías A a D, esto es, el 79% de aportantes en este régimen (a diciembre de 2022) y beneficios en pagos impositivos –postergación- para autónomos.
- Un nuevo aplazamiento –hasta febrero de 2024- del ajuste por inflación –previsto por ley- en el impuesto sobre los combustibles.
Todas estas decisiones implican bajas en la recaudación actual y las más significativas, también en el largo plazo en caso de aprobarse el proyecto de Ley de reintegro del IVA, a la espera de ser tratado en el Senado de la Nación. Pero, además, y aunque no sea el foco de esta nota, son contrarios a todas las prescripciones teórico-conceptuales y de buenas prácticas internacionales en materia de política tributaria.
Hay medidas, también, que incrementan el gasto por la vía de bonos para trabajadores y beneficiarios de prestaciones sociales y previsionales que, nuevamente, afectan el corto plazo pero también el largo, toda vez que terminan incorporándose a los salarios y beneficios.
¿Existe algún compromiso para reducir el déficit fiscal?
Partimos, así, de un piso –casi- asegurado de desequilibrio adicional para el año próximo que podría ser del orden de los 2 puntos porcentuales del PIB por sobre lo ocurrido hasta septiembre de 2023, inclusive.
Es clarísimo, como desde casi inicios de año, que la meta aún vigente de déficit primario de 1.9% del PIB acordada con el FMI no podrá cumplirse. Tampoco cumpliremos la cifra prevista para 2023 en el proyecto de Presupuesto 2024, equivalente a 2.4% del PIB.
Significativamente más importante: el citado Proyecto de Presupuesto suponía un déficit primario de 0.9% del PIB para 2024. Como acabamos de repasar, estamos cada día más lejos de esa meta. La inflación ayuda, en términos fiscales, pero no alcanza. Y tiene altísimos costos sociales –hoy y mañana- y de crecimiento –más visibles en el largo que en el cortísimo plazo-.
¿Cambiar poniendo más fricciones?
La pregunta del millón es: ¿Cuál es el plan de estabilización disponible en la lógica económico-política si el escenario es la continuidad del gobierno o, más precisamente, el ascenso del ministro de economía –actual Presidente en la práctica- a la Presidencia de la Nación?
En la política económica puede haber giros imprevisibles. La historia argentina da muestra de ello, así que cambios de orientación no deben descartarse de plano. Sin embargo, la diferencia en el presente es que quien toma las decisiones hoy es quien continuará decidiendo mañana. ¿Podrá argumentar el probable futuro Presidente de los argentinos que los últimos cambios y propuestas de cambios tributarios, cuasi eliminando un impuesto –ingresos personales- que bien diseñado debería ser uno de los pilares de cualquier sistema de recaudación tributaria, o que enflaquecer el tributo más transparente y probablemente menos distorsivo del sistema –el IVA-, fueron decisiones devenidas sólo de la coyuntura y de una situación de poder que en ese momento va a haber cambiado, y con ello dar marcha atrás sobre decisiones nocivas para la sociedad en términos tanto de eficiencia como de equidad, definidas por él mismo? Recordemos que el sistema impositivo es la vía principal y más razonable a través de la cual el Estado accede a recursos para financiar las demandas de gasto público.
Lo dicho en materia tributaria va sólo a modo de ejemplo. Sin un plan de estabilización que dé lugar a cambios significativos de precios relativos, todo seguirá siendo cepo, controles, parches, escaseces, demoras, discrecionalidades, cada vez más profundas y más caras, que se pagan con aceleración de la inflación y caída del nivel de actividad. La economía no se maneja desde una sala de control. La economía es el resultado de la interacción de personas, empresas, organizaciones de la sociedad y del sector público en un marco institucional determinado. Y no hay magia.
Cynthia Moskovits