Casi como una obligación, cada inicio de octubre presentamos en estas líneas una primera mirada y análisis del Presupuesto Nacional enviado al Congreso el día 15 de septiembre previo. Lo de casi como obligación surge de que los cambios durante la ejecución suelen ser fuertemente significativos –cosa muy probable con estas tasas de inflación y en un año electoral- o incluso, como ocurrió el año pasado, puede pasar por el Congreso sin aprobación. En esta oportunidad, al momento de escribir esta nota, el ministro y su viceministro ya hicieron la presentación correspondiente en la Cámara de Diputados, donde varias preguntas –importantes- quedaron sin responder. Veamos.
Primero la macro
¿Cuáles son las hipótesis sobre las que se sustentan el cierre fiscal previsto para 2022 y las proyecciones de recursos y las necesidades de gasto para 2023? Empecemos por la economía real: para 2022, se prevé un crecimiento de la economía del 4% que se sustenta en una suba de 6.5% del consumo privado, 5.2% del consumo público, 10% de la inversión, 5.5% de las exportaciones de bienes y servicios reales y 16.7% de las importaciones (para el mismo agregado). Con datos conocidos para el primer semestre –recientemente publicados por el INDEC- que muestran un crecimiento de la economía del 6.5%, 10.8% y 5.1% para el consumo privado y público, respectivamente, 14.8% para la inversión y 9.1 y 24.9% para exportaciones e importaciones y sumando la primera estimación del EMAE de julio, pareciera que, de no mediar una disrupción, el crecimiento de la economía surge algo –levemente- conservador; particularmente ello sería consecuencia de una subestimación del consumo privado y en menor medida, de la inversión, aunque también estarían subestimadas las importaciones, que juegan negativamente en el PIB. No pareciera haber subestimación del consumo público. En cualquier caso, con una tasa de inflación que es previsible supere el 100% en diciembre –la previsión presupuestaria es de 95%-, estas diferencias en los números de la economía real se tornan insignificantes cuando se ponen las cifras en términos nominales.
Cuadro 1
Para 2023, el planteo es que la economía crece 2%, al mismo ritmo que el consumo privado, el consumo público y las importaciones (bienes y servicios reales); la inversión crece casi al 3% y las exportaciones (bienes y servicios reales) al 7%. En un año electoral y con los desequilibrios existentes, es poco probable que este crecimiento ocurra y particularmente el de las exportaciones está exagerado. Casi como que estas cifras dicen poco y nada, pero nuevamente, en el contexto de altísima inflación que debe preverse, la importancia de las diferencias en términos reales –respecto de una proyección más realista- quedan absolutamente minimizadas cuando se miran las cifras nominales. Y aquí aparece lo importante: el presupuesto prevé una inflación de 60% interanual en diciembre del año próximo, que es altamente improbable a menos que haya un cambio de paradigma en la política económica que el propio Proyecto de Presupuesto no incluye, que permita una baja sustancial de la inflación; ello se arrastra, además, a la previsión para el tipo de cambio (269.9 pesos por dólar, una devaluación del 62% respecto de la cifra prevista en el mismo documento para diciembre de este año). Allí sí, entonces, se notan diferencias que, de ser las estimaciones de recursos y gastos consistentes con las citadas inflación y tipo de cambio, producirían diferencias significativas respecto de lo efectivamente esperable.
Recursos y gastos
Una revisión de las estimaciones para el Sector Público Nacional No Financiero (SPNF) para 2022 muestra razonabilidad tanto de las cifras de ingresos como de gastos –y consecuentemente de déficit- previstas en el Proyecto de Presupuesto. Ello está en línea con lo ocurrido hasta el mes de agosto –último mes para el que se conocen los valores de caja realizados- y las proyecciones macroeconómicas en términos generales. Y, por supuesto, suponen cierta racionalidad en el comportamiento del gasto primario consistente con la postura de las autoridades de economía. Dada la estimación de PIB nominal en el Presupuesto, ello arroja un déficit primario de 2.8% del PIB y global de 4.4% del PIB. Acá hay una diferencia de 0.3 puntos porcentuales del PIB respecto de lo acordado con el FMI, lo que implica un reconocimiento de que se pedirá una revisión de las cifras pactadas.
Por otra parte, dadas las proyecciones macroeconómicas consideradas por el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), el año próximo el déficit primario de caja del SPNF sería del 2% del PIB (en línea con el 1.9% del PIB acordado) y el global del 3.8%. En estas estimaciones se prevé una baja de 0.1% del PIB de los ingresos tributarios y de la seguridad social respecto de lo estimado para 2022 y 0.2% del PIB de baja adicional en otros recursos. En cuanto al gasto primario, se prevé una reducción de 1.1% del PIB respecto de la estimación de 2022, toda ella explicada por una contracción de las transferencias corrientes, en particular de los subsidios a energía, combustibles y transporte.
Cuadro 2
Yendo a los números más precisos de la Administración Pública Nacional, cuando se cuantifica en términos del PIB se tiene que el déficit primario estimado para 2022, de 3.4% del PIB (mayor al del SPNF porque no tiene la contribución de superávit de otros entes), se prevé se reduzca 1 punto porcentual el año próximo. Ello como consecuencia, básicamente, de la caída del gasto primario (1.1% del PIB, como la del SPNF, con 0.1% del PIB de caída en los ingresos). En cuanto a la baja del gasto primario de 1.1% del PIB, ésta se compone, esencialmente, de 0.6 puntos porcentuales del PIB en seguridad social y 0.5 puntos porcentuales del PIB en subsidios a servicios económicos.
Cuadro 3
Sobre esta mirada a los datos presentados por el PEN, apenas descriptiva, y sin entrar en un análisis profundo, deben realizarse algunos comentarios básicos. En primer lugar una cuestión conceptual: una vez más, el Proyecto de Presupuesto deja sin efecto las pautas previstas en la Ley de Responsabilidad Fiscal. En segundo lugar, dada la mayor inflación probable –respecto de la proyectada- la recaudación podría ser algo mayor; sin embargo, habrá que ver si esa posible mayor recaudación compensa los menores ingresos previstos desde el BCRA. En términos de gasto, por su parte, habrá que ver también, cuánto, en un año electoral, pueden reducirse los subsidios a la energía y el transporte en términos reales y, por otro, es poco probable que la aceleración inflacionaria permita lograr una baja tan importante en las prestaciones de la seguridad social. Allí se apuesta, además, a un mayor control de los beneficiarios de planes sociales.
En definitiva, las proyecciones del presupuesto tienen como hipótesis básica que se llega a las elecciones en un escenario sin disrupciones y con desaceleración de la inflación; esto último es de mínima probabilidad de ocurrencia. A ello se suma que en el año de elecciones presidenciales, se reducen de forma significativa los subsidios económicos y que no hay ayudas especiales a las familias; esto es, no hay plan platita. Sólo el tiempo irá diciendo cuál es la probabilidad de este escenario. En cualquier caso, sirve como parámetro de referencia y, tal vez, de intencionalidad desde el área económica.
Cynthia Moskovits