Mientras esperamos a entender qué significa el recorte de gasto anunciado en agosto, cuyos efectos quedarán probablemente más claros cuando –el próximo 15 de septiembre- el proyecto de Ley de Presupuesto 2023 muestre la estimación oficial de lo previsto para el cierre de este año, veamos qué nos dicen los últimos números fiscales a que podemos tener acceso. Vale la siguiente aclaración: como hemos venido siguiendo en estas líneas en las más recientes notas, se trata de los ingresos y gastos de la Administración Nacional (que en este caso llegan al día 28 de agosto, inclusive) y no del Sector Público Nacional No Financiero (SPNF) y, por tanto, dejan fuera a los fondos fiduciarios y a otros entes del Estado Nacional; por otra parte, se trata de cifras devengadas, no efectivamente pagadas como considera la caja del SPNF y que constituyen el universo que considera el FMI en los números del acuerdo. Veamos.
La Administración Nacional
En los primeros ocho meses del año, el déficit alcanzó al 4.9% del PIB estimado para el período; si de allí neteamos los intereses, tenemos que el déficit primario fue del 3.2% del PIB. Ello significa una mejora respecto del 5.6 y 3.7% registrados hasta julio, respectivamente, y que mostrábamos hace un mes. Además, el año pasado no había habido tal mejora, con lo cual tenemos un buen síntoma, en inicio, no sólo en lo efectivo sino relativo a lo ocurrido un año atrás.
Esta mejora respecto de lo ocurrido a julio se logra por un exceso de reducción de gasto por sobre la caída que también muestran los ingresos, en ambos casos en términos relativos al PIB de cada período (Cuadro 1). Y es absolutamente significativo que todo el ajuste de gastos primarios viene de las partidas vinculadas a servicios sociales, que pasaron de representar 14.1% del PIB en el período que va hasta julio, a 12.4% del PIB cuando se suma el mes de agosto. Es notorio, también, que la seguridad social aporta más del 80% de la reducción neta y casi 30% proviene de partidas en el área de promoción y asistencia social. Compensa un aumento del 0.4% del PIB en los servicios de salud. Las demás partidas no muestran gastos de importancia (Cuadro 2). Tampoco hay cambios –relativos al PIB- en lo que respecta a servicios económicos (Cuadro 3).
Cuadro 1
Cuadro 2
Cuadro 3
La caída relativa al PIB en los gastos sociales, y particularmente en esas áreas, encuentra su explicación –toda o en importante medida- en el rezago del ajuste de las partidas: cuando la inflación se acelera y, de acuerdo a como lo establece la ley, los ajustes de prestaciones se realizan teniendo en cuenta períodos de seis o más meses previos, entonces el fisco se ve beneficiado –y los beneficiarios sufren la caída de sus haberes y planes en términos reales-. Esto se sostiene en tanto la inflación continúe acelerando. En suma, por esta vía el fisco tiene cero interés por lograr la desaceleración de precios.
Datos complementarios de interés
Un mes atrás decíamos desde estas mismas líneas: “De acuerdo con los últimos datos disponibles, la deuda exigible de la Administración Nacional [la acumulación de atrasos en los pagos por parte de la Tesorería o, en otros términos, el aumento de pagos no realizados por órdenes de compra ya emitidas] alcanzaba, a fines de junio, a $ 836.309 millones, esto es, 1.1% del PIB (como referencia, a fines de 2021 los pagos no realizados acumulados ascendían al 0.1% del PIB). Esto quiere decir que seguir acumulando libramientos impagos es un camino poco probable para la reducción del déficit de caja o, en otros términos, es una vía que no está fácilmente disponible.”. Efectivamente, a fines de julio –último dato disponible- la deuda exigible de la Administración Nacional había descendido a $ 717.4 miles de millones.
Mientras tanto, sin embargo, la deuda pública nacional a fines de agosto sumaba cerca de USD 377.6 miles de millones, unos USD 1.5 miles de millones por encima de la cifra de junio. Casi toda la diferencia se explica en nueva deuda indexada –mayoritariamente vía CER- con el sector privado.
A modo de síntesis
En agosto habría habido una mejora relativamente importante en materia fiscal, toda ella sostenida, fundamentalmente, en el ajuste del gasto social vía deterioro de las prestaciones respecto de la inflación. En términos macroeconómicos y sociales, por supuesto, no se trata de la mejor manera de reducir el gasto.
Por otra parte, aun así, el aumento del endeudamiento, fundamentalmente atado a la inflación, ha sido muy significativo. Habrá que esperar nuevas medidas en el corto plazo.
Cynthia Moskovits