A pocos días de la renuncia del (ex) Ministro Guzmán, ya se lo empieza a extrañar. Y ello poco tiene que ver con comparaciones personales sino más bien con el hecho de que todos ahora saben -sin lugar a dudas, tras un fin de semana aciago- que no solo se carece de un programa que enfrente el desorden (algo que todos ya intuían) sino que tampoco hay equipo en el Ejecutivo y en buena parte del Congreso que pueda siquiera armar un programa consistente que nos aleje del precipicio. Se puede dar el caso –notable por cierto- que la Argentina enfrente un colapso que empieza por la economía y puede avanzar a otros ámbitos de la sociedad, con el Fondo Monetario observando plácidamente el desenlace desde adentro.
Más allá de las interpretaciones futbolísticas, irse ahora a la D implicaría ingresar en un nuevo escenario de default, como está implícito en el precio de la deuda argentina en dólares y en pesos. Y ello determinaría una calificación de jure –ya no solo una situación de facto como cuando hoy nadie nos presta, nadie invierte, nadie quiere siquiera migrar- de aislamiento de la Argentina del mundo (o del mundo que valora la democracia política y el cumplimiento de las normas internacionales, al menos).
Las propuestas que, ante la profundización de la crisis, promueven legisladores oficiales y funcionarios, parecen perseguir un único objetivo: maximizar el desorden y desacreditar el funcionamiento institucional, algo consistente por cierto con la segunda ley de la termodinámica en física, pero en este caso referido a la desorganización de instituciones económicas, jurídicas, políticas y sociales.
El desorden o entropía de un sistema aumenta con la pérdida de reputación de las instituciones, ya sea porque las mismas están mal diseñadas (se contradicen y paralizan, o conducen a un deterioro económico y social) o porque la capacidad de hacer cumplir la ley es baja. Ello lleva inevitablemente a la percepción de que se puede dejar de lado la ley. El ejemplo cunde: así como la Vicepresidenta rechaza la justicia, el Presidente se alza contra sus propias leyes. La pérdida de calidad institucional y el incumplimiento se retroalimentan en una carrera hacia equilibrios sociales cada vez más bajos: es una carrera hacia el fondo del abismo (a race to the bottom).
Para la coalición gobernante, la alternativa es implementar un programa y constituir un equipo de gobierno –más allá del Ministerio de Economía y el Banco Central- que interrumpan el escenario de desorden creciente que la propia coalición ha instalado. Ello no solo implicaría evitar una nueva crisis, sino establecer un puente para acercarse con menores sobresaltos al final del mandato. No parece mucho pedir.
Juan Luis Bour