El sábado 3 de julio, exactamente dos semanas después del Ministro de Desarrollo Productivo, renunció el Ministro de Economía, quien pocos días antes se había pronunciado públicamente sobre la necesidad de reducir el déficit fiscal. El domingo 4 de julio por la noche se conoció la designación de la nueva encargada, segunda mujer en la historia de ese ministerio. Los tiempos fueron muy prolijos en términos de eventuales análisis ya que permiten ver el punto de partida de esta nueva etapa de la Administración -con la elección presidencial a la vista- con los ingresos y gastos y la situación de financiamiento del fisco cerrada -o una aproximación al cierre- al primer semestre.
Como se conoce singularmente poco de la impronta que tendrá el nuevo ministerio, resulta hartamente especulativo pensar qué puede pasar en la segunda mitad del año en materia fiscal, en una situación en la que la debilidad del gobierno y la inestabilidad de la economía son extremas. De hecho, la renuncia se dio en un clima muy enrarecido, con la inflación, la devaluación y el financiamiento al fisco por parte del Banco Central acelerándose en el último tiempo en el marco de algún desorden en las licitaciones del Tesoro de títulos públicos en pesos; con la cotización de los bonos cayendo y la brecha cambiaria superando el 100% con relación al tipo de cambio para las operaciones con el BCRA. Pensar el futuro es sólo plantear posibles escenarios sin siquiera poder asignar algún rango de probabilidad de ocurrencia a las diferentes alternativas. Entonces, contentémonos con conocer cuál es el punto de partida. ¿Cuál es la situación fiscal que recibe la nueva titular del Ministerio de Economía si nos restringimos a la Administración Nacional, ya que ésa es la información de la que se puede disponer para el primer semestre?
De acuerdo con los datos de presupuesto abierto que se publican en el site del Ministerio de Economía, en el primer semestre del año la Administración Nacional habrá tenido un déficit de 5.7% del PIB equivalente del período; un año atrás ese déficit totalizó 3.2% del PIB. Netos del pago de intereses, los respectivos resultados negativos se reducen a 4.1% y 1.6% del PIB, respectivamente. De hecho, el déficit de este primer semestre resulta similar al del segundo semestre del año pasado (-4.0% del PIB). Es cierto que en materia de ingresos parecieran no estar incluidas en esa clasificación, en lo que va de 2022, la totalidad de rentas del Tesoro que se muestran en la información del Sector Público Nacional No Financiero en su versión de caja ni ingresaron recursos en concepto de aporte solidario que el año pasado representaron 0.8% del PIB; también es cierto, y esto juega en sentido contrario a los agregados anteriores aunque su magnitud es menor, que este año sí ingresaron, en junio, recursos por el pago del saldo de las declaraciones de bienes personales y ganancias de personas físicas que un año atrás se habían hecho efectivos recién en agosto.
En lo que respecta al gasto, básicamente lo que se tiene es una suba del gasto primario del 10% en términos reales o un gasto que pasa del 18.6% del PIB en los primeros seis meses de 2021 a 20.2% en la primera mitad de 2022. Hay que considerar que en el primer semestre de 2021 se había ejecutado el 48.4% del presupuesto vigente, en tanto en este último primer semestre se ejecutó apenas el 43.9% del presupuesto recientemente aggiornado. Por otra parte, en la comparación de los respectivos semestres, hay algunas jurisdicciones ganadoras y otras perdedoras que dan algunos indicios a tener en cuenta; por ejemplo, del total de gasto primario devengado, los Ministerios de Economía y de Desarrollo Social ganaron, cada uno, 1.1% de participación en lo que va de 2022 respecto de igual período de 2021, en tanto que los Ministerios de Obras Públicas, Trabajo, Desarrollo Productivo y Salud perdieron entre 0.9 y 0.7% de participación cada uno. Un dato muy curioso es que el Ministerio de Desarrollo Productivo ejecutó, hasta el momento, apenas el 17% de su presupuesto hoy vigente. En el otro extremo, el Ministerio Público, el de las Mujeres, Géneros y Diversidad, y el de Desarrollo Social llevan gastados el 59, 57 y 55.3% de sus presupuestos vigentes, respectivamente.
Gráfico 1
Uno podría preguntarse si el aumento real del gasto primario del 10% en la comparación entre el primer semestre de 2022 y de 2021 en realidad es bajo teniendo en cuenta el aumento que había significado el segundo semestre respecto del primero el año pasado, cuando el gobierno puso todo lo que tenía y lo que no en pos de lograr buenos resultados en las elecciones de medio término. Lo que tenemos ahí es que el gasto primario, en términos reales, baja un 15%; ocurre que, al mismo tiempo, los recursos caen un 19.6% también en términos reales. No hay modo, entonces, de pensar que hay, ahí, algún espacio. Por otra parte, más allá del llamado Plan Platita, es cierto que, en general, los segundos semestres son más expansivos en materia de gastos que los primeros. En suma, con o sin cumplimiento del Acuerdo con el FMI en la segunda revisión (correspondiente al 30 de junio) en la que aparentemente, según dejó trascender el gobierno, sólo se incumpliría la meta de reservas -y eso porque no ingresaron recursos previstos desde organismos multilaterales distintos del FMI-, es evidente que reducir el déficit es condición necesaria para que esta economía no sufra un shock. Y la reducción de ese déficit requiere también necesariamente, y aun cuando pudiera haber algún ingreso extraordinario, la reducción del gasto. La vía más fácil, el corte a la obra pública, ya se ve claramente en los números que describimos acá, y todavía puede haber espacio, pero tampoco alcanza. Teniendo en cuenta que el 46.5% del gasto primario está en cabeza del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y que allí no hay mucho por hacer en materia de reducción en el corto plazo, los subsidios energéticos siguen siendo la posibilidad y el gran interrogante.
Cynthia Moskovits