Qué nos dice y no nos dice la informalidad

La evolución de la informalidad, si bien apunta a medir el comportamiento del porcentaje del trabajo no cubierto por la seguridad social, también representa un proxy del desempeño de la productividad de la mano de obra. La extensión de la cobertura a poblaciones que ingresan con aportes menores, sin embargo, desvincula la informalidad de la productividad y, con ello, este método indirecto pierde su capacidad de aproximación.


Cuando se mide la informalidad laboral como el trabajo no registrado, se identifica a su vez a la población que no logra una relación formal porque su productividad no es suficiente para cubrir los costos de registrarse.

En Argentina, los regímenes especiales como el monotributo y personal de casas particulares incluyeron a una porción de trabajadores –muchos con bajos niveles de calificación, integración a los mercados mundiales y bajo nivel de productividad- que no cumplen con las condiciones que deben satisfacer el resto de los trabajadores, existiendo además pocas diferencias en los beneficios que ambos grupos reciben. La caída en la informalidad legal en Argentina, entonces, no refleja necesariamente un cambio en la productividad para sostener los beneficios que la formalidad otorga.

La descripción de la informalidad según registración pierde poder explicativo cuando aumenta la cobertura (previsional y laboral) con aportes menores al resto. Si se estableciera, por ejemplo, una cobertura universal sin pago de aportes y contribuciones, todos los ocupados serían formales, aun cuando las características que definen su actividad –y que se engloban en su nivel de productividad e ingresos asociados- fueran los mismos. En este caso, solo quedarían en la informalidad actividades de escasa productividad o actividades ilegales.

El objetivo de lograr una cobertura universal que se financie con un sistema contributivo requiere un vínculo entre aportes y beneficios. El diseño contributivo de la seguridad social se basa en dar cobertura a los trabajadores a través de un aporte de magnitud tal que logre financiar los beneficios –presentes y futuros- que la seguridad social brinda.

Esto requiere que la productividad de los individuos –como medida del ingreso que generan- permita cubrir el salario y los costos asociados, como ser el pago de las contribuciones a la seguridad social.

Surge de esto que la formalidad tiene tres componentes asociados: la productividad, los beneficios que se pretenden cubrir y los aportes por parte de los empleados y los empleadores.

Si los beneficios son altos, se requieren aportes más elevados y/o una productividad también más alta. En la medida que la productividad sea menor que la necesaria para cubrir los costos de la formalidad, o bien la población de menor productividad queda excluida del mercado de trabajo –desempleada- o bien se ubica en actividades que evaden costos que no pueden afrontar, es decir en la informalidad.

Esto implica que, dado el nivel y distribución de la productividad de un país existe un nivel de beneficios que pueden financiarse a través de aportes para lograr una cobertura amplia.

Dado un nivel de productividad, la cobertura será mayor cuanto menores los costos de acceso a la formalidad.  A su vez, cuanto menores los aportes que se destinen a financiar la seguridad social, menores deberían ser los beneficios para mantener el sistema en equilibrio. El único escape a esta alternativa –excluyendo la suba de impuestos asignados a este fin- es lograr incrementar la productividad de la mano de obra.

La inclusión en la formalidad de trabajadores con aportes inferiores a los beneficios que pueden “comprar”, que en Argentina alcanza a más del 25%, introduce un problema adicional: eleva la cantidad de beneficiarios con bajos aportes, desfinanciando la seguridad social y generando un problema estructural para el fisco, ya que una vez otorgados los beneficios resulta políticamente impracticable su eliminación.

Como consecuencia de ello aparecen los intentos de equilibrar el sistema reduciendo el beneficio promedio, redistribuyendo desde beneficiarios de aporte pleno a beneficiarios de aporte reducido o nulo, aumentando los aportes y contribuciones y/ o financiando el déficit con la asignación de recursos tributarios extraordinarios.

En definitiva, la introducción de población con aportes menores reduce los beneficios esperados de quienes tienen aportes plenos, ya sea en forma directa –víavía reducción de la relación aportes/ beneficios- o en forma indirecta, a través de mayores impuestos que recaen más en trabajadores de mayor productividad (impuestos patrimoniales, progresivos sobre los ingresos, sobre transacciones financieras, etc.).

Superar el problema de la informalidad laboral requiere principalmente alinear la productividad-costos y beneficios o resignarse al déficit permanente de la seguridad social.


Esta nota es un avance del trabajo “La recuperación del trabajo formal en la Argentina”, elaborado con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer


Nuria Susmel

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