En la última nota de Indicadores de Coyuntura referida al sector agroindustrial, en mayo, se destacaba el excelente desempeño del sector en su rol de abastecedor interno y principal exportador bajo las condiciones de la Pandemia. Además, sus principales complejos exportadores presentaban situaciones alentadoras para la recuperación post-pandemia.
A la vez, se señalaba que a nivel internacional la preocupación por la seguridad alimentaria se concentraba en los problemas de demanda efectiva de las economías en desarrollo importadoras de alimentos. La oferta agropecuaria internacional no registraba dificultades serias, aunque se registraban algunos episodios de proteccionismo. Los precios internacionales de los principales productos permanecían relativamente estables.
La evolución del COVID 19, con todo, genera novedades diariamente y, por lo tanto, conviene estar atentos a las alertas que se puedan generar en los mercados mundiales. De allí que, en primer lugar, se dediquen los próximos párrafos a repasar la situación internacional. En segundo lugar, y dado que la Argentina se encuentra en la última parte de su campaña agrícola 2019-20, esto llevaría a dar prioridad aquí al estudio de las perspectivas para el año próximo. Sin embargo, los acontecimientos en torno al concurso de acreedores de la empresa Vicentín parecen haber reeditado los riesgos políticos que ya había enfrentado el sector agroindustrial en el pasado reciente (el mejor ejemplo es la crisis en torno de la Resolución 125 de 2008, pero también la intervención en los mercados de carne y trigo para “cuidar la mesa de los argentinos”). Sin perder de vista lo importante, se comentará brevemente sobre esos riesgos.
En el marco internacional, los análisis y proyecciones de oferta y demanda siguen sugiriendo que los precios de los principales commodities agrícolas se mantendrán estables en el próximo bienio (tanto el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos como la FAO coinciden en estos pronósticos). A esta situación contribuyen los niveles de producción agrícola normales y los niveles de stocks altos con respecto al consumo. Algunos productos que son más trabajo-intensivo pueden sufrir reducciones transitorias de oferta como en el caso de algunos tipos de arroz y la pesca. Los mercados cárnicos podrían reducirse un poco en volumen debido a problemas sanitarios del stock (porcinos en el Este Asiático). Pero el verdadero riesgo lo representaría un aumento de las medidas proteccionistas como mecanismo para estabilizar el precio de los alimentos básicos. Este riesgo de precios al alza, aunque existente, estaría acotado por los stocks y el flujo de los principales productores-exportadores. A la vez, una caída en los precios de los alimentos básicos también resultaría acotada por tratarse de bienes esenciales. Confirmando este diagnóstico, el Centro de Comercio Internacional de las Naciones Unidas ha pronosticado que hasta 2024, los cambios en el potencial de exportaciones de los alimentos básicos debidos al impacto del COVID-19 en el Producto de los países, será el que menor retracción sufrirá (-2/3% vs. -7% en el caso de los productos manufacturados).
En el Gráfico 1 se muestran los precios internacionales para los principales productos agrícolas de exportación de la Argentina. Como puede observarse, recientemente los precios han sufrido fluctuaciones debidas a la influencia de otros mercados (caída del petróleo que afectó a biocombustibles o inestabilidad de los tipos de cambio, principalmente el dólar). Debe recordarse que luego del súper-ciclo de las commodities entre 2007 y 2012 (con la excepción del período 2008-2009 de crisis financiera internacional), los precios de los productos agropecuarios básicos tendieron a caer hasta 2016, cuando comenzaron una etapa de relativa estabilidad.
En el caso de la Argentina, la campaña 2020-21 comenzó con un buen pronóstico para los cereales de invierno (trigo y cebada). El trigo aumentaría su producción hasta los 21 millones de toneladas. Los analistas también han destacado que pese a la fuerte presión impositiva que enfrenta el sector agropecuario, los productores agrícolas han mantenido la inversión en tecnología. Para la próxima campaña se espera una mayor aplicación de fertilizantes para cereales y el mantenimiento de los niveles tecnológicos aunque con cambios en la canasta de cultivos. Así, se espera que el área de soja crezca por la menor inversión requerida frente al maíz y por aumento del área de trigo/soja de segunda. El girasol, dentro de los granos gruesos, también aumentaría su área sembrada dado su mejor resultado esperado con respecto al maíz y la soja.
En las últimas cuatro campañas la Argentina sembró en torno a las 39 millones de hectáreas en promedio, casi un 10% más que en los seis años anteriores. En la cosecha 2018-19 finalmente la Argentina perforó el techo de las 140 millones de toneladas (con 147 millones de toneladas), que habían sido una meta nunca lograda de la década anterior. Para la campaña que está terminando se espera una cosecha de soja de entre 50 millones, un 10% por debajo del volumen de la campaña anterior por razones climáticas ya que las hectáreas sembradas fueron semejantes. En efecto, en la campaña que cierra las áreas sembradas por producto fueron muy semejantes a las de la campaña previa pero varios problemas climáticos limitaron los rindes. En maíz, la cosecha se estima en 51 millones de toneladas, semejante al volumen de 2018-19 y en trigo la cosecha ya finalizada fue de 19,5 millones de toneladas ( vs. 19,4 de la campaña anterior) y la nueva siembra se estima en 7 millones de has., similar a la de las dos últimas campañas. Estos resultados en trigo contrastan con las 12-13 millones de toneladas de las seis campañas anteriores a 2016 (ver Gráfico 2). Todo apunta a buenos resultados para el año próximo bajo condiciones de clima normales.
Se suma al buen panorama anterior un destacado desempeño exportador del sector agroindustrial, en general. El año pasado las exportaciones agroindustriales crecieron casi un 12 % en valor y aumentaron su participación en las exportaciones del 61% en 2018 al 65% en 2019. Aunque con el impacto de la pandemia las exportaciones agroindustriales cayeron en los primeros cinco meses del año 2020, su reducción fue limitada con respecto al resto de los productos de la canasta exportadora y, en consecuencia, su participación aumentó hasta casi el 80%. A las exportaciones agrícolas de productos básicos y derivados (harinas, pellets, biodiesel) se ha sumado un récord de exportaciones de carne vacuna que tiene como destino principal a China (participación del 89% en mayo). También las economías regionales han mejorado sus ventas externas.
La evidencia reseñada establece claramente el papel fundamental que juega el sector agropecuario en la economía argentina, los buenos resultados que viene obteniendo y su reconocida competitividad, aún bajo condiciones desfavorables por la pandemia pero también por la fuerte presión impositiva diferencial que enfrenta. Cabe agregar que el sector agroindustrial es uno de los de mayor desarrollo institucional de mercado en el país, con cadenas que, en el sector agrícola, incluyen a productores, acopiadores, elaboradores y empresas exportadoras junto a mercados que dan transparencia a los precios como las Bolsas de Cereales regionales y el mercados de futuros. También la gama de contratos e instrumentos financieros es amplia, y se han desarrollado pese a los habituales problemas de inestabilidad de las reglas que caracterizan a la Argentina.
Sin embargo, el sector no siempre recibe un trato acorde con esa importancia para la economía del país. En general, la política sectorial ha estado dominada por las políticas macroeconómicas, lo que frecuentemente distorsiona los resultados económicos de la producción.
Recientemente, la presentación a concurso de una de las principales exportadoras agroindustriales de la Argentina (Vicentín S.A.) dio lugar a nuevas fricciones entre las autoridades y el sector. A ellas se han sumado numerosos incidentes de ataques a silos bolsa en los establecimientos por autores todavía no identificados. De toda esta discusión, cuya resolución corresponde a la Administración Judicial, vale la pena destacar dos conceptos que se han utilizado por las autoridades recientemente, pero también en el pasado cercano, para justificar la intervención del sector público en las actividades agroindustriales. De los dos, la figura más conocida es la de la “seguridad alimentaria”. El segundo concepto es el de la “soberanía alimentaria” y ha sido introducido por algunos miembros del Poder Ejecutivo y Legislativo más recientemente.
El concepto de seguridad alimentaria fue ganando difusión internacional a lo largo de las décadas y ha sido incorporado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible por las Naciones Unidas (Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible). A partir de la Cumbre Mundial de los Alimentos de 1996, la FAO adoptó la siguiente definición de seguridad alimentaria y nutricional: “La seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana”.
También indica la FAO que hasta 2015 la incidencia del hambre había descendido en el mundo y que a partir de ese año se revirtió la tendencia. Actualmente, más de 820 millones de personas padecen hambre y, de ellos, alrededor de 135 millones padecen hambre aguda, debido principalmente a los conflictos humanos, el cambio climático y las recesiones económicas. Se estima que la incidencia del COVID-19 podría añadir unos 130 millones de personas más que estarían en riesgo de padecer hambre aguda a finales de 2020.
A través del tiempo, la preocupación por la seguridad alimentaria pasó de un énfasis por el lado de la oferta hacia uno por el lado de la demanda. En efecto, entre los años 60 y 70 se dudaba sobre la capacidad de generar alimentos para una población mundial en crecimiento. En ese momento, la “revolución verde” produjo un cambio tecnológico de la agricultura tradicional que incorporó variedades híbridas de arroz, maíz y trigo que dispararon los rendimientos y dieron seguridad a las cosechas, particularmente en Asia y África. La mente detrás de esta revolución fue el ingeniero agrónomo Norman Borlaug (Premio Nobel de la Paz 1970). Él pensaba que la incorporación de las semillas transgénicas y su paquete tecnológico en los 90 fue una continuación natural del impulso dado por la “revolución verde”. Superados los problemas de oferta por un largo tiempo (hoy el cambio climático ha creado nuevas inquietudes con respecto al futuro), el énfasis de las políticas de seguridad alimentaria pasaron a los problemas de acceso a los alimentos por parte de las poblaciones en situación de pobreza. Hacia el futuro, las contingencias del cambio climático podrían nuevamente ocasionar problemas de oferta.
En el caso de América Latina y el Caribe, un informe de FAO de abril referido a los impactos del COVID 19 señala que la región y los mercados internacionales tienen reservas suficientes para alimentar de forma adecuada a sus habitantes en los próximos meses. A la vez, se indica que el principal problema será uno de acceso de la población a los alimentos por deficiencias de ingresos. Las recomendaciones del organismo se orientan a reforzar los programas de apoyo nutricional, asegurar la alimentación escolar, expandir los programas de protección social y promover hábitos de consumo saludable. Pero la FAO también se preocupa de las acciones necesarias para garantizar la oferta, entre ellas, recomienda facilitar el transporte y acceso económico a insumos productivos (semillas, fertilizantes, piensos, etc.) y a maquinaria e infraestructura, atendiendo a las necesidades de las explotaciones agropecuarias.
En el caso argentino, los problemas de alimentación relacionados con la pobreza se han atendido mediante programas específicos desde hace más de 60 años. Las autoridades actuales han enfatizado el objetivo de la seguridad alimentaria con programas focalizados en poblaciones vulnerables, como el de la tarjeta Alimentar que permite comprar todo tipo de alimentos. Esta acción se inscribe dentro del Plan Argentina contra el Hambre que busca fortalecer las acciones del ya existente Plan Nacional de Seguridad Alimentaria de 2002.
A partir de la Cumbre Mundial de los Alimentos en 1996, las organizaciones sociales de pequeños productores y comunidades de pueblos autóctonos de países en desarrollo, nucleadas en la ONG la Vía Campesina, sumaron otro concepto que se discute internacionalmente, con contenido político, que es el de la “soberanía alimentaria”. Sus promotores lo definen como “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo”. En su interpretación más moderada se reivindica el rol de la agricultura familiar para el abastecimiento doméstico; en su versión más extrema se ataca al libre comercio de alimentos y se interpreta que los sistemas productivos actuales surgidos de la “revolución verde” y su organización empresarial son una amenaza para la sustentabilidad. Entre sus objetivos, la organización Vía Campesina se declara contraria a la existencia de la OMC.
La FAO, en su portal, presenta un documento que relativiza la necesidad de considerar el concepto de soberanía alimentaria en el plano internacional, al indicar que cada país soberano tiene los instrumentos necesarios para la toma de decisiones con respecto a la protección de los derechos de la agricultura familiar. Localmente, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, que menciona entre sus enfoques el de la soberanía alimentaria, promueve el fortalecimiento de la agricultura familiar y de pequeña escala a través del Programa Pro-Huerta, por ejemplo.
Recientemente, el concepto de “soberanía alimentaria” se ha incorporado al discurso oficial. Por ejemplo, en su presentación digital, el Plan Argentina contra el Hambre incluye como direccionamiento la siguiente frase: “Hacia un país con soberanía y seguridad alimentaria”. En contraste con esa declaración, que anticiparía una visión crítica del sistema alimentario local, la enunciación de los objetivos específicos del Plan refleja el contenido de políticas ya vigentes en el país. Así, entre ellos se mencionan: derecho a la alimentación; seguridad y calidad alimentaria y nutricional; políticas sanitarias, materno infantil, de primera infancia, adolescencia; educación alimentaria y nutricional; fortalecimiento de las economías regionales y locales vinculadas a la producción de alimentos y calidad y acceso de agua de consumo humano.
En este punto conviene recordar, una vez más, la identidad de la Argentina. Nuestro país se encuentra entre los 10 principales productores y exportadores de alimentos del mundo. Esas exportaciones a precios internacionales llegan a más de 90 países en el mundo que las requieren para completar sus necesidades alimentarias. A la vez, el ingreso de divisas por esas ventas de la agroindustria es una de las pocas fuentes permanentes que le permiten a la Argentina cubrir sus importaciones esenciales. En consecuencia, los intereses de la Argentina para su desarrollo incluyen la existencia de un fluido comercio internacional de alimentos y el mantenimiento del comercio multilateral libre de proteccionismos, como se ha reclamado permanentemente en los foros internacionales junto a otros países productores, como los del Grupo de Cairns en las negociaciones de la Organización Mundial del Comercio. El cuidado de esos intereses no es contrario a la atención efectiva de la alimentación de la población vulnerable, la facilitación de la agricultura de pequeña escala para abastecimiento local y el cuidado de nuestro capital medioambiental y el del mundo. Pero sí requiere claridad de objetivos, evitando conceptos de la política internacional que podrían enviar señales confusas hacia afuera y hacia adentro del país.