La situación macro-fiscal de la Argentina al iniciarse 2023 es francamente difícil. Para sostenerla, se toman medidas macro y microeconómicas de pésima calidad. Para no seguir machacando sobre gasto, bonos, necesidades de financiamiento y dejar de remarcar hasta el cansancio que hoy la única fuente disponible –en todo lo que exceda la recaudación tributaria y otros ingresos habituales del Sector Público No Financiero- son los pesos que emita el BCRA, en lo que sigue me gustaría hacer foco en la cuestión tributaria. ¿Qué estuvo haciendo el Ejecutivo en materia tributaria en el contexto de recesión, altísima inflación y falta de financiamiento que la Argentina está viviendo? Echemos una primera mirada sólo a lo ocurrido en el último par de meses.
Primero, el contexto. Al escribir esta nota acaba de publicarse la recaudación del mes de marzo, que cae 6.9% en términos reales en el primer trimestre del año y 7.9% en marzo (ambas comparaciones interanuales). Señal de alerta triple rojo. Ahora bien, estos terribles resultados agregados encierran, en su composición, algunos comportamientos esperables y otros que distan de serlo. Entre los primeros: la baja estrepitosa de los derechos de exportación (74.5% y 82.7% en términos reales, para el trimestre y el mes de marzo, respectivamente, consecuencia de la sequía y, en segundo lugar y bien atrás, de los beneficios otorgados por los programas soja del año pasado y, tal vez, del que se espera para éste); la baja también de la recaudación de combustibles (44.6% y 55.8% real, fundamentalmente por la falta de actualización del impuesto); la menor caída relativa de derechos de importación (20.6% y 16.1%, respectivamente, por un accionar menos restrictivo por parte del BCRA, revirtiendo en algo el del mes de febrero, decisión impulsada por el cuello de botella en la industria a partir de la falta de insumos). En sentido contrario, crecieron el IVA (fundamentalmente el recaudado por la DGI y como consecuencia, en parte, de la baja recaudación de IVA DGA del mes anterior), los impuestos internos, créditos y débitos bancarios (todos vinculados a la actividad económica y/o al consumo y al comportamiento de los precios), los aportes y contribuciones a la seguridad social (por efecto de las paritarias que generaron fuertes subas salariales en marzo) y el impuesto sobre los bienes personales. Habrá que ver cuánto continúan aportando en los próximos meses.
Cuadro 1
Mientras tanto, las modificaciones tributarias que se realizaron en los últimos meses, o que se plantearon y planean hacia adelante en el corto plazo, implican parches, agregados o cortes que van en detrimento de la razonabilidad y coherencia del sistema tributario y tienen objetivos de variado tipo, muchas veces contradictorios entre sí y no siempre beneficiosos para el conjunto de la sociedad. A continuación, sólo algunos ejemplos junto con el planteo –inicial y no exhaustivo- de algunos problemas o dudas que estos cambios generan.
Beneficios para el sector agropecuario. En vistas de las pérdidas generadas por la sequía, se planteó liberar en forma transitoria al agro de una parte de su carga tributaria, lo que beneficiaría a unos 60 mil productores en las provincias declaradas en emergencia. Para ello se propone: (i) un plan de facilidades de pago para la regularización de toda deuda tributaria y previsional en hasta 48 cuotas mensuales; (ii) la suspensión de intimaciones por falta de presentación de declaraciones juradas y pago de obligaciones, de juicios de ejecución fiscal y el levantamiento de los embargos en las cuentas bancarias; (iii) la suspensión del pago de anticipos del Impuesto a las Ganancias y sobre Bienes Personales (hasta que finalice el ciclo productivo siguiente a aquel en que concluya el estado de emergencia); (iv) el otorgamiento de beneficios fiscales para la venta forzosa de hacienda. Todos estos beneficios financieros serán de acceso automático. Para el fisco estas decisiones implican un costo financiero (muy importante en épocas de alta inflación) y la necesidad de, en el corto plazo, sustituir estos recursos por otros, aunque no una pérdida económica dado que todos los impuestos continúan en vigencia. No se planteó en ningún momento la posibilidad de reducir derechos de exportación (que fueron introducidos en 2002, con la economía en plena crisis luego de la fuertísima devaluación a la salida de la convertibilidad y precios internacionales en alza, es decir, frente a una situación de rentas extraordinarias para el sector; y aún en esas circunstancias la introducción de estos gravámenes es materia opinable).
Impuesto a las ganancias. Los trabajadores bancarios consiguieron excluir una serie de adicionales que forman parte de sus salarios (tales como, bonos por productividad, viáticos, gastos de movilidad, falla de caja, vales alimentarios y similares) del pago del impuesto a las ganancias. Por cada uno de estos conceptos el empleado podrá deducir, a los actuales niveles salariales, hasta $ 180.673 anuales, de modo que la deducción máxima aplicable alcanza a $ 1.084.040 en el año. ¿Por qué los empleados bancarios? ¿Se podrán extender estos beneficios a otros gremios? ¿Se podrá extender a trabajadores no agremiados? ¿Por qué se acepta esa inequidad respecto de empleados –de ese mismo o de otros sectores, agremiados o no- que cobran iguales salarios aunque con diferente composición? ¿A cambio de qué el gobierno aceptó esa pérdida de recursos en momentos de escasez de financiamiento y por qué esa discriminación positiva a los empleados de un gremio específico?
Nuevos aranceles para computadoras portátiles. Se establecieron aranceles del 8 y 16% según las especificaciones propias de las computadoras portátiles (notebooks y tablets) alcanzadas. La justificación para la medida es el fortalecimiento de la industria informática. Hasta el momento el efecto logrado, como es de esperar, ha sido el aumento de los precios de los productos. ¿Suena razonable encarecer el acceso a un bien que genera y permite generar conocimiento? ¿Es el objetivo el fortalecimiento de esa industria y si así fuera, es éste el mejor instrumento para lograrlo? ¿O es simplemente la falta de recursos para hacer frente a importaciones la que impulsa esta decisión?
Monotributo tecnológico. El proyecto buscar establecer un régimen tributario integrado y simplificado (“Mono-Tech”) que, como el monotributo general, incluye a los impuestos a las ganancias, IVA y para la seguridad social, destinado a los pequeños contribuyentes que realicen actividades en el área de la economía del conocimiento y/o cualquier tipo de prestación de servicios, desarrolladas en el país pero cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior, esto es, que sean provistos a un no residente. De acuerdo con la propuesta, el objetivo es que los pequeños contribuyentes tecnológicos tengan un esquema “ágil y sencillo” para tributar en el país y generar incentivos para que opten por ingresar las divisas y eviten recurrir a mecanismos fiscalmente opacos en el exterior.
Este régimen es muy similar al que en junio de 2021 implementó el Banco Central en cuanto a hacer disponible divisas a exportadores de servicios: las personas exportadoras de servicios podían disponer de hasta USD 12000 anuales en cuentas en entidades financieras locales sin requisito de liquidación en pesos. La condición para usar el mecanismo, hoy vigente, es que el proveedor de servicios a un no residente no adquiera divisas a través del sistema financiero (a través de ventas de títulos valores con liquidación en moneda extranjera 90 días antes de la acreditación de los fondos y se comprometan a no hacerlo por los 90 días subsiguientes).
Dado que ya existe el monotributo, el objetivo claro de este nuevo impuesto es la liquidación de divisas. ¿Y por qué funcionaría si ya existe el régimen del BCRA, que no ha tenido demasiado éxito?
Impuesto sobre los combustibles líquidos y el dióxido de carbono. Las actualizaciones trimestrales de estos impuestos de suma fija están pendientes desde fines de 2021. Cuando iba a caducar, recientemente, se decidió una nueva prórroga. Entre esa fecha y fines de marzo último, el Estado habría perdido recaudación por unos USD 2400 millones por la falta de actualización. El aumento de la base de imposición debiera hacerse en los meses de enero, abril, julio y octubre con la inflación del trimestre anterior. El ajuste no realizado hasta fines de marzo alcanza al 137%. Es poco probable que la medida se revierta en el mes de julio. Si se lo hace será muy parcialmente. Como lo muestran los resultados de la recaudación, en marzo ha sido muy evidente la pérdida de recursos por esta vía.
Percepciones a las importaciones y a alimentos y bebidas. Recientemente fueron suspendidos, para el período abril-diciembre, los certificados de exclusión a los regímenes de percepción de IVA y Ganancias en las operaciones de importación, salvo si se trata del consumo de micro y pequeñas empresas. Esto se suma a la nueva percepción del 3% de IVA sobre alimentos, bebidas y artículos de higiene personal y limpieza que se regló en el mes de febrero y entró en vigencia el primer día de abril.
Las percepciones anticipan el cobro de impuestos. En el caso de las importaciones, las percepciones implican: 20% de IVA, todos los aranceles y 6% de impuesto a las ganancias. Cuando estos pagos exceden el monto total del impuesto a ingresar, el contribuyente puede presentar un certificado para discontinuarlos. Dada esta nueva norma de AFIP, se elimina la posibilidad de presentar estos certificados hasta el mes de enero, de modo tal que las percepciones de IVA y Ganancias sobre importaciones no podrán recuperarse hasta diciembre, inclusive, a menos que se trate de micro y pequeñas empresas. Esto implica, por ejemplo, que lo pagado de ganancias no podrá restarse de los pagos al ingresar los anticipos correspondientes.
En este caso, como en el de los alimentos, bebidas y artículos de higiene y limpieza, queda claro que el objetivo de la medida es aportar recaudación, a costa del traslado al precio final del producto de las mayores cargas impositivas y/o de menor actividad. En el régimen que aplica a las importaciones, eventualmente podría generar algún desincentivo, en lo que las empresas puedan sustituir a menor costo, a importar.
Las necesidades muchas veces tienen cara de hereje.
Cynthia Moskovits