La economía inició en el segundo trimestre un sendero franco de desaceleración del crecimiento que, desde fines del tercer trimestre, podría marcar el inicio de una recesión con caída del producto en 2023. Tras dos años de rebote, llega -una vez más- el freno que ha caracterizado la evolución macroeconómica de la última década. Todavía está por verse si el freno no se convertirá en un “frenazo”, lo que ocurriría en caso de que se demoren las medidas de ajuste y nos encaminemos a “episodios de crédito”, como suelen anticipar las calificadoras de riesgo los escenarios de default. Hay tiempo para evitarlo, pero cada vez menos y con un costo creciente por la espera en actuar.
Algunos sectores podrán esquivar, por un tiempo, la recesión, ya sea por un eventual buen desempeño exportador (autos, aluminio), porque se benefician de una elevada brecha cambiaria y son resguardo de valor (construcción), por la brecha y los últimos tramos de rebote post-pandémico (hotelería y turismo doméstico), por inversiones que destraban cuellos de botella (upstream de hidrocarburos). Pero la mayoría de los sectores de servicios empiezan a notar la carencia de “combustible” asociada a la aceleración de la inflación, el freno gradual en el crecimiento del gasto público que parece, a su vez, encontrar un techo (en septiembre todas las grandes componentes del gasto primario, con excepción del gasto en prestaciones jubilatorias, evolucionó al ritmo de la inflación), la caída de los salarios reales, el incipiente freno monetario y el aumento de la incertidumbre. El agotamiento llegó, inclusive, a la industria, que creció apenas 0.3% respecto el mismo mes de 2021 y –así como el agro- empieza a registrar el efecto negativo de la sequía real (del campo) y la monetaria.
La reacción del mercado frente a la presentación y aprobación de un presupuesto “de ajuste” es de expectativa e incredulidad frente a la ausencia visible de instrumentos para implementar la baja proyectada en el gasto. Las partidas más relevantes de gasto primario requerirían cirugía mayor para acomodarse por debajo de la inflación proyectada (76% promedio anual) cuando los mecanismos de indexación conllevan ajustes que, en el primer semestre, las ubican no menos de 20 puntos arriba de esa proyección de inflación. La incredulidad precede a la sospecha y, de allí, a la presunción de manipulación. Esas hipótesis del presupuesto no habrán de verificarse. Para corregirlas en 2023 habrá necesidad de una nueva ley, que eventualmente podría no ser aprobada y, finalmente, el Ejecutivo podría conseguir un margen de mayor discrecionalidad en el gasto.
Sin embargo, esa eventual discrecionalidad no da margen para “buenas noticias” de magnitud. Un escenario en el que la inflación se instala por sobre el 110% anual todo el tiempo y que requiere de permanentes ajustes de precios regulados, tarifas, tipo de cambio y tasas de interés es un escenario de conflictos crecientes. Con debilidad política, los conflictos se suelen resolver cediendo a las presiones, lo que implica mayor (no menor) desequilibrio. Si bien la inflación hace su trabajo en las partidas del gasto (jubilaciones, en particular), el desequilibrio presupuestario debe financiarse con deuda o emisión. La deuda pasará a convertirse en el gatillo que puede detonar un frenazo antes de las primarias, y la emisión inflacionaria podría ser el último de un “pato rengo”. Ello no haría más que profundizar la recesión en el segundo semestre de 2023, prolongando la crisis macroeconómica y social sobre buena parte del año 2024.
¿Buenas noticias antes de las elecciones? Siempre puede haberlas si esta Administracion se decide a establecer un puente hacia 2024 reduciendo en forma creíble y estructural el desequilibrio fiscal, limitando el financiamiento monetario al Tesoro, ajustando precios relativos -incluyendo tipo de cambio y tasas de interés-, desmantelando las restricciones sobre todas las exportaciones y, en forma pautada y progresiva, sobre las importaciones, y restableciendo relaciones políticas y económicas con el mundo que adhiere a los principios de libertad política y económica que consagra la Constitución argentina. ¿Es mucho pedir? Quizás sí, pero entonces no habrá buenas noticias por algún tiempo para nadie, ni siquiera para los huérfanos políticos –es decir los propios votantes- de la actual Administración.
Juan Luis Bour