Siguiendo con la temática de las notas anteriores, en ésta se propone un ejercicio simple para evaluar cuál sería el gasto educativo en el que tendría que incurrir el Estado si el sector privado no estuviera presente.
En las dos notas anteriores de esta sección de Indicadores de Coyuntura se revisó el gasto público en educación, primero con el foco puesto en el gasto público en las escuelas de gestión estatal, mirando la evolución del mismo, y también su relación con los resultados educativos; y luego, el foco se orientó a las transferencias que el sector público hace al sector privado para la financiación de los salarios docentes. De este último análisis surge que, para niveles socioeconómicos comparables, cada peso del Estado transferido redunda en mejores resultados educativos. En esta nota, el objetivo es evaluar cuál sería el gasto educativo en el que tendría que incurrir el Estado si el sector privado no estuviera presente.
El Gráfico 1 muestra cuánto aumentaría el gasto educativo de cada jurisdicción si el Estado tuviera que proveer el servicio a todos los alumnos que hoy están asistiendo al sector privado. Se tomó el año 2019 para evitar los movimientos anómalos de matrícula y gasto debido a la pandemia de Covid-19. Tomando el gasto por alumno estatal (GAE) y multiplicándolo por la matrícula que asiste a instituciones privadas subvencionadas, se obtiene una primera estimación del gasto educativo incluyendo estos estudiantes. El mismo cálculo se realiza para el grupo que asiste a escuelas privadas sin subvención, que serían los alumnos por los que el Estado paga cero pesos.
Como es de esperar, el aumento del gasto educativo dependerá del tamaño de la oferta educativa privada en cada jurisdicción y del diferencial entre lo que cada provincia gasta por alumno estatal y lo que transfiere para cada alumno del sector privado. Cuanto mayor sea la oferta privada, mayor cantidad de alumnos tendría que absorber cada Estado subnacional (como los casos de CABA, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe o Entre Ríos, donde la oferta privada supera el 25%), y mayor será el aumento del gasto. Por otro lado, cuanto menor (mayor) sea la diferencia entre gasto estatal y transferencias (por alumno), menor (mayor) será el aumento del gasto educativo, este último factor puede compensar o potenciar la variación respecto a la situación de base (2019 en este caso).
CABA debería aumentar el gasto estatal entre un 39% y un 60% en términos reales, dependiendo de si solo absorbe a quienes hoy reciben subvención o a todo el sector. En Buenos Aires, el gasto real se expandiría entre un 21% y 29% (ver Gráfico 1). Teniendo en cuenta todo el sector privado, Tucumán, Rio Negro, Corrientes, Salta y Mendoza serían provincias, que deberían incrementar sus gastos en un 15% por lo menos. Las que menos expandirían su gasto educativo: Misiones, Corrientes, Catamarca, lo harían en un 5%, si bien, parece poco, recordemos que cualquier suba del gasto público, implica la reducción del gasto asignado a otra función.
Aumento del Gasto Educativo. Base año 2019
Como en el país no contamos con estimaciones de PBI provinciales, que es la forma más frecuente de contrastar la inversión en educación, se realizará la comparación con el nivel de ingresos corrientes[2] con que cuenta cada jurisdicción para la financiación del gasto educativo. El Gráfico 2 muestra cuánto representarían, en términos del ingreso corriente, las subas explicitadas más arriba. CABA y Buenos Aires serían las provincias que se verían más afectadas para responder a una situación de total estatización de la educación, seguidas por Tucumán, Río Negro, Salta y Mendoza.
Aumento del gasto en porcentaje de los ingresos corrientes
Esto significa, que de no mediar un aumento de recursos que compense esta suba, el pedido por el que suele abogar algún sector de la población cuando reclama la estatización completa de la educación, se enfrentaría en muchas provincias con problemas graves de financiamiento y por lo tanto de viabilidad. Si bien este es un ejercicio teórico simple que no contempla cuestiones políticas, sociales o legales que acarrearía una situación así, sirve como una primera aproximación a una pregunta que ha rondado muchas veces el imaginario colectivo.
Ivana Templado
[1] CGECSE/SEeIE/Ministerio de Educación de la Nación (ME) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/ME; Secretaría de Información y Evaluación Educativa/ME; INDEC y Dirección Nacional de Asuntos Provinciales/Ministerio de Economía de la Nación.
[2] Los Ingresos Corrientes se componen por los Ingresos Tributarios (de origen Provincial, Nacional y las contribuciones a la Seguridad Social), los ingresos No Tributarios, las ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública, las rentas de la Propiedad y Transferencias Corrientes.
[3] Datos de la APNF de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP)