Algo anda muy mal: los rezagos tarifarios que esperan al año 2023

Esta nota aproxima los aumentos tarifarios anunciados y esperables durante 2022 en cuatro servicios públicos salientes provistos en GBA. En un contexto optimista sobre la aplicación efectiva de estos aumentos y la “normalización” de costos de la energía a fin de año (suponiendo que los aumentos observados hasta aquí y previstos durante 2022 desaparecerán desde diciembre en adelante), la significativa corrección tarifaria pendiente -aunque sea para lograr retrasos tarifarios como los de diciembre de 2019- no será resuelta ni siquiera aliviada. En el peor de los casos, si no se cumplen los supuestos optimistas adoptados, las perspectivas son todavía peores, dejando abierta la ocurrencia de desajustes y correcciones más drásticas a futuro. En el camino, además, se habrá agravado la manipulación de la estructura de precios al vincular tarifas con ingresos de los usuarios, de forma totalmente discriminatoria e impropia respecto de una intervención razonable del Estado para mejorar la asignación de recursos y promover desarrollos competitivos y eficientes de mediano y largo plazo que permitan, de forma sostenible, reducir los costos y mejorar los servicios recibidos por el conjunto de la población.


Habiendo finalizado el primer trimestre del año en curso, y luego del acuerdo celebrado con el FMI, la realidad en materia de aumentos de tarifas de servicios públicos para los usuarios residenciales en la Argentina -y en el Gran Buenos Aires en particular- es la aplicación, desde marzo, de subas en torno al 20% tanto en gas natural en todo el país (concentrada en subas de los márgenes de transporte y distribución) como en el servicio eléctrico en GBA (incluyendo en este caso aumentos en la remuneración del transporte y el precio de la energía aplicables en todo el país). Asimismo, según ha anunciado el gobierno nacional, estos aumentos en las tarifas de energía serán complementados durante este año aplicando una segmentación tarifaria según ingresos, distinguiendo tres grandes grupos de la población:

  • los usuarios de muy bajos ingresos, que cuenten con tarifa social (menos del 25% del total), tendrán subas finales que representarán el 40% del índice de variación salarial (IVS) que midió el INDEC en el año 2021 (igual al 53,4%); así, estos usuarios enfrentarán subas tarifarias finales del 21,4% en gas y electricidad durante el 2022;
  • el resto de los usuarios residenciales tendrán subas iguales al 80% del IVS, esto es, sus tarifas se incrementarán 42,7% durante 2022;
  • finalmente, dentro del segundo grupo anterior, los usuarios de muy altos ingresos (que incluiría eventualmente al 10% del total de usuarios a nivel nacional, identificados inicialmente por la localización y valuación de sus inmuebles), tendrán subas adicionales por cuanto los precios de la energía incluidos en sus tarifas serán aumentados hasta eliminar el subsidio fiscal recibido (emergente de la diferencia entre el costo mayorista del gas y de la generación eléctrica con los precios de estos insumos incluidos en sus tarifas).

En otros servicios públicos, como transporte urbano y saneamiento en el Gran Buenos Aires (GBA), cuyas tarifas reales también están fuertemente retrasadas -en 2021, el subsidio fiscal al transporte representó 0,6% del PBI y el de AySA 0,07% del PBI-, todavía no ha habido ningún anuncio oficial sobre aumentos a ser implementados durante este año. En este contexto, frente a una inflación proyectada en 2022 del 60% (que implica aumentos de costos en una magnitud similar, excepto en caso de un retraso cambiario real -poco probable e insostenible-, y en particular seguramente mayor atendiendo a la situación hídrica y de precios internacionales de los hidrocarburos verificada en lo que va del año, incluso antes de la invasión de Rusia a Ucrania), los subsidios fiscales -del 2,6% del PBI en el área energética, y 3,3% del PBI considerando estos cuatro servicios públicos en conjunto- no sólo no podrán caer sino que además subirán de forma significativa. En el caso de los subsidios energéticos, tomando en cuenta que la aplicación de las subas tarifarias pendientes puede demorarse y que los costos del GNL y de los hidrocarburos líquidos necesarios para la generación eléctrica pueden representar aumentos de costos reales (en dólares) importantes en los servicios de gas y electricidad, éstos bien podrían aumentar más de un punto porcentual del PBI en 2022. Claramente, se trata de un escenario muy perturbador en el corto plazo, a partir del cual cabe esperar subas tarifarias adicionales o el incumplimiento del compromiso asumido con el FMI, lo cual a su vez podrá o no representar una caída de dicho acuerdo y el ingreso finalmente a una situación de default con el organismo (entre otros problemas macroeconómicos derivados de allí).

En todo caso, concentrando la atención en los ajustes tarifarios pendientes a futuro (esto es, las correcciones tarifarias que quedan sin resolver desde el año 2023 en adelante), independientemente de la trayectoria del subsidio energético y el déficit fiscal durante 2022, una perspectiva “optimista” en este momento sería suponer que las subas tarifarias anunciadas pendientes en gas y electricidad serán efectivamente aplicadas a lo largo de 2022 y que se aplicarán subas tarifarias similares a las previstas durante 2022 (del 40%) en el transporte y saneamiento en AySA, proyectando una inflación anual y devaluación nominal del 60% y suponiendo que los costos reales (en dólares) de los servicios públicos no aumentarán en dic-2022 respecto de los de dic-21 (esto es, considerando el contexto de 2022 como transitorio y superado a partir de fin de este año). Una perspectiva “pesimista” (en términos de la profundización del rezago tarifario real en los servicios públicos) puede incluir distintos supuestos (incluyendo un nivel de inflación y/o de devaluación nominal mayor al 60%, la no aplicación de nuevos aumentos tarifarios en ningún servicio en lo que resta del año y/o la permanencia de mayores costos en dólares para la importación de GNL y de hidrocarburos líquidos -no contrarrestados por menores necesidades de importación- desde dic-2022 en adelante).

Proyección “optimista” de tarifas residenciales a dic-2022

El Cuadro 1 presenta, para los cuatro servicios públicos considerados previamente, los valores tarifarios nominales y las diferencias entre tales tarifas y los costos de cada servicio tomando en cuenta sólo los usuarios residenciales con consumos medios, y agregando gasto total (antes de impuestos) en base a una canasta familiar supuesta en distintos momentos entre 2001 y 2021, proyectando la situación a diciembre de 2022 según supuestos “optimistas” en cuanto a lograr minimizar el rezago tarifario respecto de los costos de cada servicio.[1] Así, considerando la aplicación de los aumentos anunciados en el área de energía (y de aumentos similares no anunciados todavía en transporte y saneamiento en GBA), sin mayores costos reales vs. 2021 y con una inflación y devaluación nominal del 60% durante 2022, el conjunto de precios y tarifas arrojará un aumento agregado en torno al 53%, que no permitirá reducir el retraso tarifario respecto de los costos reales proyectados ubicado en torno al 66% a fines de 2021.

Cuadro 1

Fuente: Estimaciones propias (cálculos no incluyen impuestos). * Los retrasos tarifarios en dic-19 y dic-21 suponen que los costos en dic-18 evolucionaron con el IPC. Aumentos del 6% en gas natural y del 9% en electricidad en 2021 se aplican de forma uniforme dentro de cada sector. ** Supone 45 viajes por pasajero por mes, y 2 pasajeros dentro de cada unidad familiar. *** Los aumentos nominales son promedios ponderados para el conjunto de usuarios residenciales con base en GBA. Se supone inflación y devaluación nominal del 60% vs. dic-21, aplicación de los aumentos tarifarios anunciados en gas y electricidad, aplicación de aumentos tarifarios del 40% en transporte y saneamiento, y el mantenimiento de costos reales constantes vs. 2021.

Observado detenidamente, este cuadro permite ver la génesis del retraso tarifario en el período 2002-2015: si las tarifas nominales vigentes en dic-01 y dic-15 se comparan con la inflación en dicho período, y los rezagos entre las tarifas y los costos se utilizan para computar los costos estimados en cada momento, tal ejercicio permitiría ver que los retrasos tarifarios se originaron tanto por reducciones tarifarias reales como por aumentos de costos reales producto de las distintas intervenciones regulatorias distorsivas en los años previos (que llevaron a aumentar las importaciones de gas natural y la utilización de combustibles líquidos en la generación eléctrica, a reducir la eficiencia operativa de varias empresas prestatarias, etc.).[2] Por ejemplo, considerando que la inflación acumulada entre dic-01 y dic-15 (obviando los datos del INDEC entre 2007 y 2015) rondó 1340% (de forma que hubo un aumento general de precios levemente menor al del precio de un dólar estadounidense en ese período), entre 2001 y 2015 el precio del gas en boca de pozo aumentó 21% en términos reales pero el costo real del gas natural en boca de pozo subió 380%, por lo cual el retraso del precio respecto del costo pasó de 0% a 75% en ese período. Similarmente, el precio de un pasaje en ferrocarril en GBA cayó 71% en términos reales, pero el rezago respecto del costo del servicio pasó del 8% al 93% porque el costo real subió 251%.

A partir del Cuadro 1, expresando los distintos niveles tarifarios en dólares corrientes, es posible computar los aumentos que deberán realizarse a partir de 2023 para lograr 3 objetivos alternativos: i) alcanzar los niveles tarifarios de fines de 2019 (esto es, corregir el deterioro tarifario real durante la actual administración), ii) volver a las tarifas vigentes en 2001, y iii) eliminar los subsidios fiscales y/o económicos en cada servicio. Puede observarse, entonces, que en este escenario “optimista”, a partir de 2023 será necesario aumentar las tarifas de los cuatro servicios públicos considerados en torno a un 74% (en términos agregados, dada la canasta supuesta) sólo para deshacer el rezago introducido durante la actual administración, pero dichos aumentos deberían ser del 174% para volver a los niveles tarifarios de 2001 y del 194% (casi triplicar las tarifas de dic-22) para eliminar los subsidios fiscales y/o económicos (incluyendo la remuneración adecuada de las empresas de transporte y distribución de gas natural y energía eléctrica).[3]

Cuadro 2

Fuente: Estimaciones propias en el Cuadro 1. El tipo de cambio proyectado a dic-22 es 176 $/US$ suponiendo una devaluación nominal del 60% durante este año.

Comentarios finales

Las aproximaciones anteriores muestran que las correcciones tarifarias en marcha durante 2022 serán altamente insuficientes, no sólo para lograr reducir el déficit fiscal durante este año sino también respecto de la corrección tarifaria que tarde o temprano deberá lograrse para sincerar los verdaderos costos de los servicios públicos, primer paso ineludible más allá de las reformas que permitan reducir de forma sostenible el costo del capital y aumentar la eficiencia en las distintas prestaciones, ya que sólo tal reducción de costos es lo que permitirá tener servicios públicos de calidad accesibles para el conjunto de la población.

La segunda mala noticia de estas novedades regulatorias entonces es que, además de insuficientes, los aumentos tarifarios anunciados en el área de energía no hacen sino aumentar las distorsiones ya existentes en pos de recuperar una gramática regulatoria tendiente a la reducción de costos de los servicios públicos. Como señalé en mi nota el mes anterior,[4] tratar un servicio público como si fuera un bien público, y por ende diseñar tarifas como si fueran impuestos (asociados a la capacidad de pago de los contribuyentes), no hace más que promover posteriores regulaciones que restrinjan la competencia y desalienten inversiones eficientes.


Santiago Urbiztondo

[1] En los casos del gas y la electricidad, los aumentos nominales durante 2022 se estiman suponiendo que los márgenes de transporte y distribución -T&D- representan el 50% de la tarifa sin impuesto de un usuario residencial promedio, que los aumentos tarifarios con destino al T&D aplicables desde marzo rondaron el 40% en el caso del gas natural y el 15% en el caso de la energía eléctrica), que la suba tarifaria general en ambos servicios será del 40% (promediando usuarios residenciales con y sin tarifa social), lo cual deja pendiente aumentos del 40% y del 65% de los precios del gas y de la generación eléctrica incluidos en las tarifas respectivas, que el 10% de los usuarios de mayores ingresos tendrán aumentos de precios de la energía mayorista del 250% (levemente menor al que llevaría eliminar el subsidio fiscal), y que estos usuarios de mayores ingresos consumen 35% más que el promedio en el caso del servicio eléctrico (acorde con los datos de la ENGH 2012) mientras que en el caso del gas natural consumen el doble que el promedio.

[2] Ver Urbiztondo, S.: “La regulación de los servicios públicos en Argentina, 2003-2015: Lógica y balance de tres períodos presidenciales bajo un mismo signo político”, Documento de Trabajo # 124, FIEL, Febrero 2016.

[3] En un escenario más pesimista (por ejemplo, con una inflación del 70% en 2022, sin mayores aumentos tarifarios en lo que resta del año y con costos reales de la energía mayorista 20% mayores a los de 2021), las correcciones previas saltarían al 150%, 294% y 317%, respectivamente.

[4] Ver Urbiztondo, S.: “El plan oficial de aumentos tarifarios para 2022, post acuerdo técnico con el FMI”, Indicadores de Coyuntura 638, FIEL, Marzo 2022.

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