El Acuerdo de Facilidades Extendidas negociado con el staff del FMI

El jueves 3 de marzo ingresó al Congreso un proyecto de Ley por el cual, cumpliendo con los requisitos de la Ley 27612 sancionada un año atrás y que obliga a que todo endeudamiento con el FMI sea aprobado por el Cuerpo Legislativo, se pide la autorización para la firma de un Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF) con el FMI, acuerdo que refinancia (y engrosa) el Stand By aprobado en 2018. Hasta ahí el primer artículo. El segundo especifica el acuerdo adjuntando dos memorandos (de políticas y técnico) ya acordados entre las autoridades de la Argentina y el staff del organismo. El tercero es de forma. Los dos memorandos llegaron al Congreso el viernes 4 al mediodía y se espera prontísimo tratamiento. Su aprobación no es un hecho asegurado: la oposición tiene la intención de aprobar el financiamiento, pero no, en principio, la letra chica. Veamos.


El contenido del Acuerdo

Los supuestos macroeconómicos y los compromisos fiscales y monetarios. Se espera –tentativamente- para el período 2022-24, que cubre el de los desembolsos que haría el organismo, que la Argentina crezca de manera decreciente, desde un 4% esperado (en un rango de 3.5 a 4.5%) en 2022 a 3 y 2.8% en los años subsiguientes, respectivamente. La inflación anual esperada a diciembre de este año es de 43% (rango 38-48%), lo que implica una caída de casi 8 puntos porcentuales desde la inflación registrada en 2021, bajando a la media de 38 y 33% en 2023/2024. Así, la inflación esperada cae 5 puntos porcentuales por año y el rango previsto se reduce apenas desde 10 puntos porcentuales en 2022 a 8 en los dos años subsiguientes.

El gobierno se compromete a que el déficit fiscal primario del Sector Público No Financiero (gobierno federal) se reduzca desde el 3% del PBI en 2021 (resultado que incluye recursos extraordinarios en concepto de aporte solidario y DEGs) a 2.5, 1.9 y 0.9% del PBI en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Además, el acuerdo establece como criterio de ejecución (cumplimiento) una acumulación de reservas de USD 5.8 miles de millones (MM) a diciembre de este año, y USD 4 MM y 5.2 MM adicionales en el siguiente bienio y que el financiamiento del BCRA al Tesoro –el financiamiento monetario del déficit- tendrá un techo del 1% del PBI en 2022, para descender al 0.6% en 2023 y ser nulo en 2024 (en 2020 había alcanzado al 7,4% del PBI, para ubicarse en 3,4% del PBI en 2021). Estas metas se lograrían bajo la hipótesis de que la demanda de dinero se mantiene constante en términos del PBI.

Para 2022 se agregan metas indicativas relacionadas con el fisco y el comportamiento de las reservas: (i) los ingresos reales no pueden caer en términos del PIB; (ii) el gasto en los programas de asistencia social (asignación universal para la protección social, tarjeta Alimentar y Progresar) deben alcanzar al 1% del PBI (0.8% en 2021), (iii) se fija un límite a la deuda flotante –atrasos-. Por otra parte, se estima se obtenga financiamiento neto para el Tesoro (no vinculado a programas determinados) de organismos bilaterales y multilaterales –distintos del FMI- por USD 1389 millones (2.6% del PBI), que se suman a los DEG 3166 millones (USD 4420 millones) del FMI también para el Tesoro. En la misma línea, se prevé que solo se desembolsarán USD 190 millones como pagos al Club de París. Si los ingresos de multilaterales/bilaterales fueran menores o los pagos al Club de París mayores, entonces el acuerdo prevé que puedan acumularse menos reservas netas. En el primer caso, por hasta menos USD 500 M. También está previsto que el Tesoro no pueda colocarle Letras Intransferibles al BCRA para compensar Adelantos Transitorios recibidos de esa fuente. Según una última meta indicativa, los contratos a término (Non Delivery Forwards, NDFs) del BCRA no deberán superar, a fin de año, los USD 9000 millones.

El acuerdo supone, no ya como criterio de ejecución ni meta indicativa, sino como un objetivo para lograr el resultado primario comprometido, que, dado el esquema previsto para el ajuste de tarifas de electricidad y gas, los subsidios energéticos se reduzcan en 0.6% del PIB en 2022 respecto de lo gastado en 2021.

Las cuestiones estructurales consideradas son: obvias (vg. adecuar el presupuesto vigente a lo acordado, con el compromiso de presentar las modificaciones antes del 15 de abril), realmente menores, imprecisas (vg. que el gasto corriente sea focalizado de forma que permita ampliar las inversiones en infraestructura y ciencia y tecnología), más bien expresiones de deseo (vg. facilitar un retorno gradual a los mercados internacionales a partir de 2025), o de efectos mínimos o nulos en el corto plazo (vg. mejoras en la administración tributaria y en el manejo de la inversión pública). Sí son claras las salvaguardas con relación a los riesgos que enfrenta el escenario planteado, con eventos no poco probables que pueden afectar la consecución de los criterios de ejecución o de las metas indicativas, en particular vinculados con los precios y el crecimiento internacional y de nuestros vecinos, problemas climáticos e incluso los efectos de que la invasión rusa a Ucrania escale.

Desembolsos y pagos

El préstamo total que incluye el acuerdo suma DEGs 31914 millones (unos USD 44500 millones), esto es, incluye DEGs 3166 millones adicionales a lo que quedaba por pagar del acuerdo Stand By de 2018 que, como se mencionara, se incluyen en la acumulación de reservas netas. Casi el 22% del préstamo se desembolsa a la firma del acuerdo. De hecho, la secuencia de desembolsos es: 54.8% en 2022, 37.6% en 2023 (con una secuencia decreciente hasta el tercer trimestre) y el 7.6% restante en 2024. En términos netos, esto es, luego del pago de los intereses del nuevo préstamo y del antiguo Stand By, en 2022 la Argentina recibe pagos netos del FMI por unos USD 6300 millones. A partir del primer trimestre del año que viene, los pagos comienzan a exceder a los desembolsos en todos los trimestres (salvo una excepción puntual) y los pagos netos acumulados se hacen negativos desde inicios de 2025 (Cuadro 1).

Cuadro 1

Se firma o no se firma. Se cumple o no se cumple

Vayamos por partes. Se firma o no se firma. Es una pregunta porque la coalición gobernante está desmembrada. Probablemente, el mayor escollo está relacionado con las tarifas energéticas, aunque podría pensarse que la segmentación propuesta –o alguna modificación de ésta- podrá respetar las demandas del ala más contraria al acuerdo, que domina el área energética. Si hay modificaciones allí, habrá que ver, luego, si el FMI sigue acordando. La oposición, por su parte, parece estar dispuesta a firmar el acuerdo en lo general pero no en lo particular. El proyecto de ley cuenta con 3 artículos: el primero, para cumplir con la ley 27612 (de hace exactamente un año) según la cual todo endeudamiento con el FMI debe ser aprobado por el Congreso, y pide la autorización para la firma de un EFF que refinancia el stand by de 2018; el segundo especifica el acuerdo adjuntando los dos memorandos (de políticas y técnico), el tercero es de forma. Se especula que puedan modificar la ley y que los memorandos no formen parte de ella. Así el PEN termina siendo el responsable de la letra chica. Habrá que sumar fuerzas y contar; hay todavía espacio para algunas modificaciones y que el Proyecto se convierta en Ley. Hay que ver cuánto cada grupo se responsabiliza por algo que supuestamente no quiere: las consecuencias inmediatas de un default. Pero, ¿para quién son más graves, en particular dado un mal acuerdo o, más precisamente, uno muy blando, que carece casi completamente de criterios estructurales y que es un facilitador del camino a las elecciones?

¿Se cumple o no se cumple? Concentrémonos en 2022. ¿Cuáles son los supuestos macroeconómicos y compromisos prioritarios más difíciles de alcanzar? Claramente, es muy poco probable el comportamiento esperado para la inflación, aun cuando la demanda de dinero se mantenga estable en términos reales y el financiamiento monetario del déficit no supere el 0.6% del PBI, como indica el acuerdo. El crecimiento esperado para la economía es algo elevado, pero en términos de relativos no está ahí el problema. En cualquier caso, la inflación no es un problema en sí mismo, porque no es siquiera una meta indicativa, pero condiciona los demás comportamientos. La meta del financiamiento monetario podría ser muy estricta, pero la más compleja es la reducción del 0.6% del PBI en los subsidios y el consecuente resultado primario, en particular si la invasión rusa a Ucrania se sostiene en el tiempo y expande en territorio, para la Argentina con consecuencias directas a partir del  precio de las importaciones de gas, el ajuste de tarifas y los subsidios en el presupuesto. Ya muy difíciles en un escenario sin conflicto bélico en el horizonte.


Cynthia Moskovits

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