La primera etapa ampliada está casi resuelta. Esta afirmación se construye sobre la siguiente hipótesis: habiendo una propuesta conjunta de los acreedores, que afirman tener -y efectivamente sería así- el 60% de las acreencias de la deuda en proceso de renegociación, que resulta muy similar a la última oferta del gobierno argentino, y con la aceptación del 35% de las acreencias de tenedores residentes, hay acuerdo a la mano para la deuda en moneda extranjera. Cuando se dice que las diferencias son mínimas es porque se limitan a un total de cuatro mil millones de dólares en un período larguísimo de años o a la mitad si pensamos en los próximos siete años. Y las diferencias legales no serían un obstáculo para el acuerdo. Así, un canje con una aceptación del orden del 95% no puede no ser exitoso (recordemos que la anterior renegociación exigió dos canjes, el primero en 2005 y el segundo en 2010; el primero alcanzó una aceptación del 76% que aumentó al 92% en 2010 y que necesitó de una nueva negociación con los holdouts, que concluyó en marzo de 2016).
Además, el Congreso ya aprobó la propuesta para la deuda en moneda extranjera con legislación local y, vista la proporción de tenedores con residencia en la Argentina que aceptaron la última propuesta, eso aseguraba el ingreso de casi todos los bonos del segmento de legislación local.
En esta situación, en el peor de los escenarios -esto es aceptando la oferta conjunta de los tenedores de bonos del 20 de julio- y antes de negociar con el FMI, los números indican que en lo que resta de 2020 la Argentina debería conseguir nuevo financiamiento en pesos por el equivalente a USD 10.4 MM para afrontar los vencimientos con el sector privado en moneda local y unos USD 400 M para cubrir las necesidades en moneda extranjera. Para 2021, estas mismas cifras se transforman en el equivalente a USD 11.2 MM para los vencimientos en pesos y USD 900 M para afrontar los pagos en otras monedas. A partir de entonces, y por unos años, la situación se torna mucho menos acuciante en lo que a pesos se refiere y sube algo la de dólares, pero se mantiene por debajo de los USD 3 MM por año.
La deuda con el FMI asciende a un total de USD 43.7 MM y requiere pagos por un total de USD 48.2 MM hasta 2024. Aquí las opciones que se presentan son sólo dos: un acuerdo stand by o una Facilidad de Financiamiento Extendido (Extended Fund Facility, EFF). Básicamente lo que diferencia a estas dos opciones son el plazo y las condicionalidades: mayor plazo (EFF) implica también, mayores condicionalidades. La Argentina se encuentra en serias dificultades tanto para cumplir con plazos como con condicionalidades, pero más para cumplir en plazos cortos. Por otra parte, es probable que el directorio del organismo comprenda que las condicionalidades deberán ser menores al inicio. No lo sabemos, pero lo más razonable -y probable- es que la Argentina ya se encuentre en la etapa de proveer información que los funcionarios del FMI estarán analizando en vistas a iniciar las negociaciones en forma oficial.
De acuerdo con el Informe Anual 2019 (Octubre 2019) del FMI, el stand-by ampliado de la Argentina representó el 70% de los de los nuevos compromisos del Organismo y aunque ese porcentaje disminuyó porque la Argentina recibió sólo 44 de los USD 56 MM acordados, ello le pone una presión fuerte a sostener a la Argentina.
El escenario es binario: se logra un acuerdo en algún punto entre la propuesta argentina y la de los acreedores reunidos, se renegocia con el FMI y las provincias en dificultades también logran el favor de sus acreedores o se entra en la profundidad de un default.
En cualquier caso, la situación no acaba ahí. En los últimos días, el PEN envió al Congreso un proyecto de Ley de ampliación del Presupuesto sólo en parte asociado a la pandemia. Dado que el Presupuesto 2020 nunca se aprobó, éste sería el vigente -con o sin posteriores modificaciones- hasta fin de año. El proyecto aumenta el gasto primario en $ 1859 miles de millones o en un 39% del crédito actualmente vigente. De este aumento, 13.5% va para subsidios a la energía y el transporte, casi 10% para cuestiones vinculadas con el COVID (ingreso familiar de emergencia -IFE- y salario complementario -AETP-, fundamentalmente) y 5% corresponde a transferencias a provincias y municipios. De hecho, los gastos asociados a paliar los efectos del COVID ya sumaban $ 691 mil millones antes de esta última ampliación. Con ello, hoy se llevan el 13% del gasto primario de la Administración Nacional o, aproximadamente, el 3.4% del PIB previsto para el año. Pero de acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), hay otro 57% ($ 1.070 miles de millones) de la ampliación que también se destina a paliar los efectos de la pandemia/cuarentena (entre estos gastos se incluyen cuestiones tan diversas como el Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local -Potenciar Trabajo, el Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales, el desarrollo de proveedores y el fomento al desarrollo tecnológico, gastos de funcionamiento de la Empresa Desarrollo del Capital Humano Ferroviario S.A., de la Empresa Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, de la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado y de Belgrano Cargas y Logística S.A. o la Promoción de la actividad minera a través del financiamiento del gasto operativo de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio). A ello hay que sumarle $ 611 mil millones por la Insuficiencia en gastos en personal, gastos de funcionamiento, aportes a empresas públicas y diversos programas de la Administración Nacional.
De acuerdo con las estimaciones presentadas en el proyecto, que también incluyen mayores ingresos, el déficit primario de la Administración Nacional durante 2020 se ubicaría en torno del 8.5% del PIB en el año. Este déficit se financia, en su mayor parte, con emisión monetaria. El acuerdo con los acreedores no significa la panacea ni la solución inmediata de ningún problema, pero tiende a allanar el camino hacia una mejor situación.
Cynthia Moskovits